El mundo es una esfera de cristal
el hombre anda perdido si no vuela
no puede comprender la transparencia
(Pablo Neruda)

lunes, 30 de marzo de 2015

Medidas preventivas frente al riesgo de inundación


La semana pasada se produjeron fuertes y torrenciales lluvias en las provincias de Valencia y Castellón. Estos fenómenos meteorológicos son propios del clima mediterráneo y, según los expertos en cambio climático, irán a más en los próximos años. Ante esta circunstancia siempre se pide a las Administraciones públicas que actúen, que hagan lo que sea para que no se vuelvan a producir estos episodios. Al mismo tiempo, se reivindica que las cosas no se hicieron adecuadamente y eso motivó los daños padecidos.

En el caso de las inundaciones, la Administración, especialmente la Generalitat Valenciana, sí está adoptando este tipo de medidas en la gestión diaria del territorio. Desde el año 2002 la Comunidad Valenciana cuenta con un valioso instrumento de prevención del riesgo por inundaciones, cuyo objetivo principal es “la disminución del impacto futuro de las inundaciones, utilizando para ello todas las medidas posibles en cada caso”. Medidas que van desde las correctoras (estructurales) hasta las preventivas (no estructurales, especialmente las de ordenación territorial y el establecimiento de zonas de sacrificio).

Estas últimas son las que más se están aplicando, suponen un menor coste de ejecución y mantenimiento y además alcanzan un alto grado de seguridad. Precisamente la revisión del PATRICOVA, cuya tramitación se está ultimando, se centra en esta clase de medidas. 

Las medidas preventivas no estructurales consisten, básicamente, en no invadir el territorio que es inundado cuando se producen crecidas de las aguas de los cauces público como las que han sucedido durante la semana pasada o en el caso de suelos que ya son urbanizables o urbanos no urbanizados, la adecuada ordenación pormenorizada del ámbito de la actuación.

 La memoria del PATRICOVA es clara:  
“El conjunto de medidas que se definen en el PATRICOVA desde el punto de vista de la ordenación del territorio se concretan en el documento correspondiente a la normativa. El citado documento se ha formalizado atendiendo a una serie de principios:
i) La verdadera labor preventiva debe desarrollarse en el suelo urbanizable sin programa aprobado y en el suelo no urbanizable afectados por el riesgo de inundación. En el primer caso, estableciendo condiciones objetivas para su desarrollo y, en el segundo, impidiendo su reclasificación.
ii) En los suelos clasificados como urbanos y urbanizables con programa aprobado afectados por el riesgo de inundación, se deben poner en marcha las actuaciones estructurales que minoren el riesgo, sin perjuicio de proponer acciones puntuales de adecuación de la edificación.
 iii) Los futuros desarrollos urbanísticos deben orientarse hacia zonas no afectadas por el riesgo de inundación. No obstante, deberá tenerse en cuenta la situación concreta de los municipios afectados con el objeto de adecuar las normas generales a las características particulares de los mismos, permitiendo flexibilizar su aplicación en aquellas poblaciones cuyo crecimiento futuro no tenga localización alternativa.”

Ahora que permanecen en el recuerdo las imágenes del riesgo, es bueno que se adopten decisiones por todos los agentes que intervienen en el territorio, que faciliten la aplicación de los principios y medidas del Plan. La memoria de los humanos, me da la impresión, es corta, y dentro de un par o tres de años se olvidará la existencia del riesgo en terrenos que, aunque tienen riesgo de inundación, habitualmente están sin agua y volverán a proponerse estos terrenos para su clasificación como urbanizables o se solicitará su uso para depuradoras, cementerios o geriátricos. 

Aun cuando parezca que no hay riesgo en determinadas zonas por pasar temporadas sin quedar inundadas, el riesgo existe. Estas zonas deben quedar preservadas de la urbanización como suelo no urbanizable. Lo que no impide que puedan ser objeto de actuaciones que mejoren el territorio y que lo pueden hacer más atractivo, potenciando su funcionalidad territorial y sus valores naturales, paisajísticos o estéticos, convirtiéndose en zonas de referencia del municipio.

Lo mismo cabe señalar respecto de la ordenación de los suelos ya clasificados como urbanizables, un diseño apropiado de los parques públicos y espacios abiertos de una urbanización o el diseño de los viales públicos adecuándose a la orografía del territorio y teniendo en cuenta el riesgo de inundaciones, pueden tener efectos positivos ante el riesgo, pero también generar espacios urbanos de calidad. Sirva de ejemplo el denominado parque “El marjal” que recientemente se ha inaugurado en Alicante.


No luchemos contra los elementos, aliémonos a ellos.     

lunes, 9 de marzo de 2015

Algunas claves de la orientación del urbanismo al suelo urbanizado


El suelo urbanizado, según dice la mayoría de los analistas, y yo creo que tienen razón, va a ser el protagonista de los próximos años en el ámbito urbanístico. El urbanismo de ensanche de la ciudad, la expansión urbana en el entorno de la misma mediante la transformación de suelo rústico para usos residenciales de baja densidad, polígonos tecnológicos en las fueras y enclaves urbanos aislados a lo largo del territorio, parece que van a tener escasa importancia en el urbanismo inmediato.

La razón de este cambio obedece a la aplicación del principio de sostenibilidad en las políticas de ordenación del territorio y de urbanismo. Motivos ambientales, sociales y económicos están detrás de la reciente legislación urbanística y ambiental que promueve los desarrollos urbanos hacia el interior en lugar de la expansión urbanística hacia el exterior.

Los motivos más aparentes para este cambio de perspectiva son los de carácter medio ambiental. La perspectiva ambiental que fundamenta este cambio de modelo ha sido puesta de manifiesto en diferentes documentos. La Ley 8/2007 del Suelo establece de forma clara que el suelo que no está urbanizado puede tener unos valores significativos que lo hagan merecedor de una protección, pero que aquel suelo rústico que adolece de esta significación también tiene un valor en sí mismo y que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de delimitar los ámbitos de expansión urbana, ajustándolos a aquellos adecuados para satisfacer las necesidades económicas y sociales de suelo y evitar la especulación. La limitación del sellado de suelo por la transformación urbanística aparece también en una serie de documentos, tanto europeos, nacionales o autonómicos que se aprueban e ya en el siglo XXI, sirvan a título de ejemplo Agenda Territorial Europea 2020 (2011), Estrategia temática para el medio ambienta urbano (2006), Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (2011), Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (2011), la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana de Ordneación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. También desde un punto de vista energético la ciudad densa presenta ventajas respecto de la ciudad dispersa. El consumo más eficiente derivado de la disminución de la movilidad motorizada, las instalaciones electricas públicas o la prestación de servicios públicos incide directamente en la reducción de las emisiones y de la contaminación atmosférica. El propio consumo de agua, por la tipología edificatoria es más eficiente en las ciudades que en las urbanizaciones expansivas. 

Son varios los expertos en urbanismo a los que he oído decir en diversos foros, alguno de ellos lo ha puesto por escrito, que ahora son las políticas ambientales las que marcan las directrices del urbanismo. A mi entender esta afirmación es un poco exagerada. Medio ambiente y urbanismo son dos ámbitos que tienen zonas en común pero un contenido mucho más amplio cada una de ellas que ese espacio de coincidencia. Sí comparto que en la parte en que coinciden ambas el liderazgo ha pasado a lo largo de las dos últimas décadas del urbanismo al medio ambiente. Sin embargo, todo lo que es la planificación de la renovación, reforma y revitalización de las áreas urbanizadas, de lo que se suele conocer como ciudad consolidada, debe tener una ordenación fundamentalmente urbanística, quedando los aspectos ambientales, aun siendo importantes, en un segundo plano. Los criterios de densificación de las ciudades, los mecanismos para pasar de áreas de usos urbanísticos únicos o excluyentes a diversidad de usos, la obtención de suelos públicos para mejorar el transporte público, la implantación de las infraestructuras necesarias para instalación de nuevas tecnologías, el realojamiento de habitantes en los procesos de renovación , reforma o rehabilitación urbana, la sostenibilidad y la viabilidad económica de las actuaciones urbanísticas y un largo etcétera son cuestiones del ámbito primordialmente urbanístico, en el que los aspectos medioambientales evidentemente han de ser tenidos en cuenta, pero sin ostentar un papel protagonista.

Desde un punto de vista de cohesión social, la ciudad compacta y densa es preferible a las urbanizaciones diseminadas o de baja densidad. La generación de guetos por estratos sociales en urbanizaciones cerradas donde resulta difícil la mezcla de población; la falta de vitalidad de los elementos públicos de la ciudad, ante la falta de comercios o el vacío de los parques públicos que resultan meros elementos decorativos; la insostenibilidad de un transporte público de acceso universal; o la dificultad de la ejecución de viviendas de protección pública o vivienda social en estos ámbitos, son algunas de las razones que hacen más difícil el desarrollo de políticas  de cohesión social adecuadas en un modelo de ciudad difuso. Justo el fenómeno contrario es más fácil que se produzca en ciudades de mayor densidad, donde tipologías de viviendas y usos se mezclan en las diversas zonas. Las calles, plazas, jardines y demás espacios públicos son lugares de convivencia e intercambio no discriminatorios. El transporte público facilita el traslado de cualquiera de los residentes en la ciudad de forma sostenible y accesible, la gestión urbanística y las tipologías de viviendas permiten el inserción de viviendas de protección pública. En definitiva, es un ámbito más adecuado para el adecuado desarrollo de las políticas de cohesión social.  

Por último, y el que podría parecer el enfoque que menor incidencia tiene en focalizar el crecimiento en la denominada ciudad consolidada es el económico. Sin embargo, los últimos estudios y las últimas tendencias que se están produciendo en países especialmente anglosajones, señalan las bondades de la vuelta al centro de la ciudad y la densificación de las áreas de expansión diseminada. Por una parte las economías de escala y de aglomeración, las economías de localización espacial y las economías de urbanización  son razones que motivan los mayores beneficios del desarrollo interior de la ciudad frente a la expansión. Por otra parte la atracción del talento para propiciar el desarrollo económico precisa de ámbitos en que estas personas de talento tengan elevadas condiciones de vida -culturales, educativas, de ocio y recreativas, de transporte, de telecomunicaciones y conexión con otras zonas desarrolladas- y donde puedan compartir y relacionarse con personas de su misma área de conocimiento o similares características e inquietudes. Circunstancias todas ellas que son más fácilmente disponibles en las ciudades. Esto ha motivado el crecimiento de las grandes ciudades como Nueva York, Shangai, Londres, Vancouver, Barcelona y en un nivel menor Nantes, Leipzig o Bilbao.

No es de extrañar que coincida con la opinión de muchos analistas en que el futuro del urbanismo está en lo urbano, con fundadas razones de peso que constituyen los tres pilares básicos de la sostenibilidad: la economía, la cohesión social y el medio ambiente.    

  

domingo, 1 de marzo de 2015

Evaluación ambiental de planes vinculados a proyectos sujetos a evaluación ambiental


Hoy en día surgen varias cuestiones sobre la aplicación de la evaluación ambiental a determinados instrumentos de planeamiento urbanístico. Uno de los supuestos que más incertidumbre suscita es el relativo a aquellos proyectos cuya ejecución precisa de la modificación del plan vigente. Tal es el caso de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), desaladoras, minas, etc.

Ocurre que el planeamiento vigente no admite como uso permitido o compatible este tipo de construcciones en los suelos que se consideran más adecuados para su ubicación. Bien sea porque se trata de planeamiento antiguo, o porque al aprobar el plan no se preveían estas instalaciones o por cualquier otra causa, lo cierto es que no cabe este uso según el planeamiento que resulta aplicable.

Imaginemos que se trata de una EDAR. En estos casos es preciso modificar el plan y aprobar el proyecto de obra. A la hora de determinar el procedimiento aplicable para tramitar la Modificación del Plan o Plan Especial correspondiente, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un plan que constituye el marco de un proyecto que según la legislación de impacto ambiental está sometido a evaluación de impacto ambiental (EIA). Por lo tanto, aplicando el artículo 3.2.a) de la Ley 9/2006, o el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013 la Modificación del Plan General o el Plan Especial estarían sometidos a evaluación ambiental estratégica (EAE).

Sin embargo a la luz del tipo de plan y de su relación con el proyecto, teniendo en cuenta que el ámbito de ambos documentos es el mismo o muy similar y que el objeto último de ambos es el mismo, es decir, procurar la instalación de una EDAR, no parece que tenga mucho sentido realizar una evaluación ambiental estratégica (EAE) para el plan y una evaluación de impacto ambiental (EIA) para el proyecto.

Hay que tener en cuenta que la finalidad de ambas evaluaciones es mejorar la calidad del medio ambiente, para ello ambas adelantan la apreciación de los impactos ambientales de los planes o de los proyectos, y se pronuncian antes de su aprobación, indicando aquellos que no serían aceptables desde el punto de vista del medio ambiente, aquellos que serían aceptables o las condiciones para que el plan o proyecto pueda considerarse aceptable ambientalmente.

Esta situación de posible solapamiento entre ambos tipos de evaluación se ha puesto de manifiesto en varios países de la Unión Europea, apareciendo de forma explícita en el “Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de la Regiones sobre la aplicación y eficacia de la Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE, del Consejo, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE):
“En teoría no debería producirse solapamientos. No obstante en la aplicación de ambas directivas (EIA y EAE) se han observado una serie de ámbitos donde podrían darse. Por ejemplo cuando grandes proyectos se dividen en subproyectos, en el caso de proyectos que provocan cambios en los planes de uso del suelo, los planes y programas que establecen criterios vinculantes para la posterior autorización de proyectos, y una relación jerárquica entre EAE y EIA. En concreto las fronteras entre las definiciones del plan, programa y proyecto, no están claras y, por consiguiente puede haber dudas sobre si lo que va a ser objeto de evaluación reúne los criterios para que se le aplique la directiva EIA, la Directiva EAE o ambas. A este respecto no son claras las definiciones de algunas categorías de proyectos, generalmente relacionadas con usos de suelo, y eso podría crear confusión con la Directiva EAE.
Los Estados Miembros aplican diferentes enfoques para resolver posibles ineficacias provocadas por el solapamiento de procedimientos.”

En el caso de España la Ley 9/2006 establecía el supuesto de las zonas de reducido ámbito territorial, de tal manera que, en los supuestos en los que el plan ordenara los usos de zonas de reducido ámbito territorial, el órgano ambiental podía determinar su evaluación con la declaración de impacto ambiental del proyecto si el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental podía conseguirse de esta forma.

La Ley 21/2013 ha eliminado esta posibilidad, sin razón aparente, lo que abre la discusión de si, en supuestos como el que nos ocupa, sería necesaria una EAE del Plan Especial de la EDAR  y una EIA del proyecto. Personalmente considero que se trataría de una duplicidad innecesaria de evaluaciones, y que la finalidad perseguida se consigue aplicando la EIA al proyecto y al plan conjuntamente.

Por ello entiendo acertado que la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana haya establecido esta posibilidad en el artículo 50.2 que establece que el órgano ambiental, tras la fase de consultas previas podrá emitir:

“c) Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la ejecución del plan o programa efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, su tramitación debe realizarse simultáneamente con la del proyecto y la evaluación ambiental se llevará a cabo conforme a la legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos, emitiendo un documento de alcance que abarcará la valoración ambiental de los aspectos propios del plan y los específicos del proyecto.”

martes, 17 de febrero de 2015

Los programas de actuación urbanística y la evaluación ambiental estratégica.


La legislación de evaluación ambiental de planes y programas plantea una serie dudas en relación con determinados instrumentos urbanísticos que no siempre son fáciles de resolver. Una de estas dudas tiene como objeto determinar si los programas que prevé la legislación urbanística para el desarrollo de actuaciones urbanas están sometidos al procedimiento, sea ordinario o simplificado, de evaluación ambiental estratégica en la terminología de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Efectivamente el artículo 6 de esta Ley establece que todos los planes y programas están sometidos, bien al procedimiento ordinario, bien al procedimiento simplificado. de evaluación ambiental estratégica. Pero también es cierto que sólo se someten a esta evaluación ambiental de planes y programas aquellos documentos que sean planes y programas, por lo tanto los proyectos quedan excluido de esta evaluación.  

Ahora bien el concepto de plan y programa no es uniforme en el ámbito nacional ni internacional. Hasta tal punto que la Comisión Europea se vio obligada a establecer una definición de plan y de programa en una guía elaborada con el objeto de facilitar la aplicación de la Directiva 42/2001/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente. Este documento entiende por plan aquél en el que se expone cómo se tiene la intención de llevar a cabo o aplicar un régimen o política, y  por programa, el plan que abarca un conjunto de proyectos en una zona determinada.

La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental sí define planes y programas, en sintonía con lo indicado por la referida guía de aplicación de la Comisión Europea, y así el artículo 5.2.b) establece “«Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos “.
  
En la Comunidad Valenciana, los programas de actuación integrada se regulan en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Según su artículo 109 tienen como contenido, básicamente, un proyecto de obras (proyecto de urbanización) y una proposición jurídico económica que regula las relaciones entre urbanizador, propietarios y Administración. El programa no necesita de proyectos para su desarrollo, dado que se ejecuta directamente por sí mismo conforme al proyecto que contiene. En consecuencia no reúne los requisitos para tener la consideración de plan o programa de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental estratégica, lo que determina que no esté sometido a la misma, ni por el procedimiento ordinario ni por el simplificado.

Solo en el caso de que el Programa esté acompañado de un plan urbanístico será necesaria la evaluación ambiental, pero no por el programa sino por el plan que se tramita conjuntamente al mismo.


Por eso a los programas sin plan se les aplica directamente el capítulo II del titulo III del libro I de la LOTUP sin necesidad de determinar caso por caso si se trata de un procedimiento ordinario o simplificado, dado que, al no serles de aplicación el régimen de evaluación ambiental, directamente pasan a la tramitación urbanística simplificada. Y en el caso de Programa acompañado por un plan, debido éste, deberá determinarse si está sujeto a la tramitación ordinaria o a la simplificada.       

sábado, 24 de enero de 2015

La evaluación ambiental como oportunidad



La realización de una evaluación ambiental de planes en España está siendo un proceso más complicado de lo que cabría esperar. Esta dificultad inesperada, creo que deriva de la consideración de esta evaluación como una carga más que como una oportunidad. Bien aplicada este proceso genera más beneficios que costes para todos aquellos que pueden resultar afectados.

Es importante para tener en cuenta esta perspectiva de la evaluación ambiental de planes, tener en cuenta la diferente metodología de evaluación ambiental existente entre instrumentos de evaluación inspirados en la normativa anterior a la directiva europea de evaluación ambiental de planes y programas, basados en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, y los instrumentos posteriores a dicha directiva que regulan la denominada evaluación ambiental estratégica.

Una de las principales características de las primeras era que en estos procesos de evaluación las consideraciones ambientales se ponían de manifiesto al final del procedimiento, cuando ya estaban tomadas la decisiones, y esto suponía una seria dificultad en la integración de las consideraciones ambientales. La nueva legislación de evaluación ambiental de planes propone la consideración, desde el inicio, de los factores ambientales y territoriales en el proceso de planificación, tanto por parte del promotor como por parte del órgano ambiental de las Administraciones públicas competentes, siendo este un cambio sustancial en el procedimiento.

Entiendo que la ruta de la evaluación ambiental de planes, tal y como está planteada en la directiva europea y en su trasposición de la legislación de Estado, aun con sus carencias, responde al sentido común, al principio de sostenibilidad y al proceso propio de planificación en cualquier materia.

En este sentido, desde el punto de vista del territorio, del urbanismo, del resto de políticas sectoriales que pueden resultar afectadas por el planeamiento y, en consecuencia, del interés general de todos los ciudadanos, la evaluación ambiental estratégica debe ser considerada como una oportunidad y no como un pesado trámite procedimental que debe ser superado necesariamente para obtener la aprobación del plan en cuestión. 

La evaluación ambiental supone que, desde el principio del proceso de planificación, desde las primeras ideas, desde la fijación objetivos a alcanzar, han de tenerse en cuenta los aspectos ambientales en que puede incidir el plan, no cabe la adopción de decisiones en el planeamiento sin analizar, desde el origen, como van a incidir en el entorno en el que se van desarrollar.

Del mismo modo que la dimensión económica de un proyecto o plan se tiene en cuenta desde el inicio, la incidencia medioambiental requiere de la misma prontitud. Solo de esta manera es posible tener en cuenta esta dimensión sin que se vea condicionada por otros intereses. Si cuando se empieza a evaluar las consecuencias ambientales de una plan o proyecto se han realizado importantes inversiones económicas, es difícil que, en el caso de que derive algún impacto relevante en el entorno físico, no se trate de restarle importancia, ignorarla o esconderla. Si cuando se pretende realizar una actuación urbanística se han adquirido los terrenos, es difícil que las alternativas técnicas que se analicen en los estudios ambientales por el promotor escojan alguna distinta de aquella o aquellas que se localizan en los terrenos adquiridos, desvirtuando de esta forma la evaluación ambiental.

Si desde el inicio se ha considerado la repercusión en el entorno, la evaluación se realizará de una forma más objetiva, lo cual permitirá realizar el planeamiento que más favorezca al interés general y que tenga en cuenta verdaderamente los aspectos territoriales, medioambientales y sociales, que a la larga también beneficiarán a los propios promotores o inversores. Imaginemos una actuación urbanística, si desde el inicio se realiza adecuadamente la evaluación ambiental del plan en los términos que venimos indicando, se podrá detectar la existencia de una zona inundable en el área geográfica de estudio, la planificación podrá elegir una alternativa técnica que tenga en cuenta dicho riesgo y, en consecuencia, evitará la adopción de medidas consistentes en ejecución de infraestructuras de corrección del riesgo, como encauzamientos de barrancos, bombeos, o levantamiento de barreras, y evitará la posibilidad, en caso de que sucediera un episodio de grandes crecidas en los cauces, de que se destruyan obras, se asolen bienes patrimoniales e, incluso, se pierdan vidas humanas.

Desde otra perspectiva, pensemos en un lugar idílico para el desarrollo de una urbanización, con un paisaje excepcional, unas masas arbóreas frondosas, unos abancalamientos de cultivos que llenan de colorido las vistas, vamos, un entorno de película. Si todos aquellos elementos que hacen atractivo este bucólico escenario se transforman y urbanizan deja de ser el sitio idílico y atractivo para residir. Por el contrario, si la planificación territorial y urbanística se realiza integrando desde el inicio los valores ambientales, se preservarán estos valores, se conservará aquello que da calidad al lugar y que los residentes podrán seguir disfrutando y la urbanización se emplazará en terrenos con menos atractivos, incluso degradados, a los que dotarán de un mayor valor. No tiene sentido transformar aquello a lo que hemos reconocido un valor. A la hora de transformar el territorio hay que ser respetuosos con aquello que tiene relevancia o importancia y tratar de mejorar los ámbitos que no tienen o han perdido los valores.

Una adecuada planificación que tenga en cuenta el medio físico en el que se implanta, sin duda que podrá poner en valor determinados espacios, elevando la calidad del producto final del proyecto, aprovechará los ámbitos territorialmente más favorables para la ejecución y generará sinergias positivas en el entorno de la actuación. Por el contrario, una planificación inadecuada, tratando de no tener en cuenta la realidad territorial donde se va a desarrollar, puede suponer unos elevados costes de ejecución, un incremento del riesgo, ya sea natural o inducido, y una pérdida de los valores del patrimonio natural existentes que teniendo valor en sí mismos, además, incrementarían la calidad del proyecto.

Son algunos sencillos ejemplos que pueden ilustrar la idea de que es necesario considerar la evaluación ambiental desde el inicio del proceso de elaboración de los planes como una oportunidad y no como una carga.

jueves, 15 de enero de 2015

La infraestructura verde, un nuevo concepto de infraestructura.


La Infraestructura Verde es un concepto relativamente reciente que se está implantando a pasos agigantados en las políticas ambientales, territoriales y urbanísticas europeas y nacionales. Esta nueva figura da respuesta a un planteamiento radicalmente distinto de las infraestructuras tradicionales existentes, basándose en las funciones que presta naturalmente el territorio o el medio ambiente, en lugar de cambiar artificialmente el entorno para la prestación de determinadas funciones o servicios.

 La Unión Eurpea define la infraestructura verde como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos (Documento "Construir una Infraestructura Verde para Europa",  http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf). La Generalitat Valenciana ha sido una de las primeras en España en  incorporar esta figura en su política y legislación territorial. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana de 2011 y la Ley 12/2009 que modificó la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (en la actualidad la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, LOTUP) incorporaron la infraestructura verde en los instrumentos de ordenación territorial y de planificación urbanística como determinación de la ordenación estructural que debe quedar recogida en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales desde su inicio. La Infraestructura Verde se define en la LOTUP como un sistema territorial básico compuesto por un conjunto de espacios con valores ambientales, territoriales y culturales y un entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación los elementos anteriores (art. 4.1. LOTUP).

Generalmente se asocia el concepto de Infraestructura Verde a la protección del territorio, sin embargo esta es sólo una de las facetas de esta infraestructura, que va mucha más allá de la conservación y la preservación de determinados espacios. La Infraestructura Verde parte de la existencia de ámbitos territoriales y de actuaciones ambientales en el territorio que, además de proteger la biodiversidad, prestan servicios ambientales y mejoran la calidad vida de las personas. El mantenimiento y adecuado aprovechamiento de estos recursos y funciones que existen en nuestro entorno conllevan beneficios para nuestra salud, nuestra economía y nuestro desarrollo integral como personas.

Un ejemplo sencillo de una medida de infraestructura verde sería establecer un perímetro de protección de los acuíferos que abastecen de agua a las poblaciones. La aplicación de esta medida supondría que en la ordenación de la zona correspondiente se establecieran usos que no incidan en el subsuelo. El coste de la medida es muy pequeño y los beneficios son significativos ya que se está propiciando un agua libre de contaminantes que nos aporta agua de mejor calidad para el consumo y supone un menor coste de tratamientos de potabilización, por lo tanto un triple efecto beneficioso, ambiental -por la protección del espacio y la calidad del recurso-, social y de salud -por la mejora de la calidad del agua- y económico -por el menor coste económico de tratamiento del agua-.

Se podrían poner muchos más ejemplos: ahorro de energía, reducción del efecto isla de calor en áreas urbanas, aire de mayor calidad en áreas urbanas, captación de gases de efecto invernadero, fomento de la calidad de los alimentos en zonas de alta productividad agraria, recuperación de la identidad de los territorios, hacer atractivo el territorio para inversiones y talento, y otros muchos beneficios que en otros países desarrollados ya están percibiendo.

Los norteamericanos han puesto en marcha un sinfín iniciativas de infraestructura verde, en este sentido la ciudad de Nueva York tiene un plan de infraestructura verde desde el año 2010 centrado en la infraestructura verde urbana con medidas tales como jardines en los tejados, tratamiento de aguas residuales o permeabilización del suelo urbanizado; los británicos también han expandido multitud de planes y estrategias de implantación de infraestructura verde, por ejemplo Londres publicó en marzo de 2012 el documento de infraestructura verde y espacios abiertos “The all London Green Grid”; Francia en junio 2010 publicó  el documento “Green and blue infraestructure”, fruto de más de dos años de trabajo entre administración, ONGs y socios socioeconómicos. 

La infraestructura verde aparece en ocasiones como complemento y en otras como alternativa de las infraestructuras tradicionales. Su implantación puede suponer un coste cero para obtener agua, suelo, aire de calidad y otros servicios ambientales que se obtienen naturalmente, bastando una adecuada ordenación de los usos del territorio. Y, como las infraestructuras tradicionales, se precisan inversiones -aunque de mucho menor coste- para actuaciones o proyectos de desarrollo de sus funciones económicas, sociales y ambientales. 


domingo, 4 de enero de 2015

Necesidad de reflexionar sobre el futuro de determinadas dotaciones públicas.


Las dotaciones públicas se establecen para generar espacios,  ponerlos a disposición de los ciudadanos y prestar servicios a toda la población, con unas reglas concretas. A tales efectos la legislación urbanística suele establecer unas superficies mínimas que cualquier actuación urbanística debe obtener para tal fin. El destino de este suelo viene dividido desde la propia normativa, viarias y no viarias. Dentro de estas últimas aquellas destinadas a zonas verdes y a aquellas otras que deben servir para otros equipamientos tales como hospitales, colegios, bibliotecas, etc.

A partir de las previsiones legales corresponde a las Administraciones públicas determinar la superficie de suelo dotacional y sus requisitos de calidad y ubicación, dimensión, diseño, y demás condiciones. Los planes en sus diferentes escalas van concretando la reserva de este tipo de suelos. En ocasiones es la propia normativa que regula el uso al que se va a destinar estos suelos la que establece unas dimensiones mínimas, como en el caso de la reserva para suelo escolar, a partir del número de habitantes que prevé el nuevo plan.

A día de hoy encontramos en la realidad que determinados suelos dotacionales se encuentran en situaciones que difieren de las previsiones que inicialmente cabría deducir del planeamiento urbanístico y de su ejecución. En unos casos se han ejecutado equipamientos públicos, tales como piscinas, casas de la cultura o centros asistenciales que se han cerrado por falta de presupuesto municipal para su mantenimiento (energía, limpieza, seguridad, ...). En otros los suelos están obtenidos por las Administraciones, pero no se han realizado las obras, construcciones o instalaciones que estaban previstas por falta de disponibilidad presupuestaria, tratándose de una especie de solares vacíos. Por último existen terrenos que deben ser obtenidos por el Ayuntamiento por expropiación y que, por la misma razón que en los dos supuestos anteriores, ni se han adquirido los terrenos, ni por tanto se han realizado los equipamientos. 

Por otra parte, los hábitos de comportamiento de los habitantes de las ciudades están cambiando. La forma de hacerse presente en la ciudad ha evolucionado. Es cierto que determinados servicios siguen prestándose de forma similar que antaño, al menos en cuanto a necesidades de suelo (colegios, hospitales, edificios administrativos, ...) Sin embargo hay usos públicos que no son tan “clásicos” desde un punto de vista urbanístico (transporte urbano por bicicleta, mercadillos, asambleas vecinales, manifestaciones culturales de diversa índole, ...) que buscan hacerse hueco en la ciudad ocupando o readaptando el espacio inicialmente previsto para otras actividades y que no se están pensados en su configuración para las necesidades que precisan.

Parece que este tipo de utilización de la ciudad por sus habitantes va a ir a más. Es el momento propicio para reflexionar sobre estas cuestiones, antes que la realidad desborde de forma más intensa a la planificación de ciudades y pueblos. Entiendo que la nueva definición de determinados espacios públicos debe ir asociada a la flexibilidad y a la multifuncionalidad, ya se trate de un espacio abierto o cerrado. Ya no cabe, o al menos no parece la mejor de las soluciones, salvo que se trate de dar respuesta a una necesidad concreta, que se mantenga la configuración de espacios monofuncionales. Es evidente que el uso de colegio, de universidad, o de hospital tienen una clara vocación monofuncional, por lo que estos criterios de flexibilidad no les serían de aplicación. Pero existen otros supuestos, como por ejemplo las plazas, en las que debería preverse la posibilidad que quepan determinados usos alternativos al meramente peatonal, de este modo, además, se  facilita un espacio de mayor comunicación entre los ciudadanos, recuperando parte de la esencia de estos lugares. La reserva de suelo y el diseño de los viales ya no puede limitarse a la calzada y aceras, es necesario tener en cuenta las diversas formas de desplazamiento, entre otras cosas, por tanto las dotaciones no viarias debería planificarse de acuerdo con los estudios de movilidad, especialmente en aquellas ciudades en las que sus dimensiones requieren prever alternativas seguras y accesibles a diversas formas de transporte público.

La posibilidad de reutilización de edificios existentes que hoy están vacíos precisa de soluciones diferentes para obtener distintos resultados, así, por ejemplo, se podría articular mecanismos de colaboración público privada para la ocupación de estos inmuebles por iniciativas de vecinos para usos que necesiten y que podrían ir desde exposiciones de pintura o escultura a cine forum, aulas de estudio, u otros usos que precisen de una espacio cerrado, siendo de este modo puestos a disposición de ciudadanos según necesidades y con una gestión “ad hoc” para cada uno ellos.

Más difícil podría ser la reutilización de espacios públicos urbanizados pero no edificados y, por tanto, no destinados a su finalidad primigenia, en estos casos se trata de solares públicos vacíos. Aunque siguen existiendo posibilidades que la realidad presenta en el día a día, en estos ámbitos podrían habilitarse usos provisionales, que podrían ir desde las instalaciones como plazas de toros portátiles y circos hasta escenarios para fiestas, o instalaciones para eventos deportivos, etc. Existiendo como alternativa a todo ello su destino a los denominados huertos urbanos, allá donde exista demanda de este uso.

En definitiva nos encontramos con espacios públicos desaprovechados, no utilizados y con demandas de los ciudadanos de lugares para el desarrollo de determinadas actividades bastante novedosas y creativas. Las Administraciones Públicas deberíamos tener la iniciativa suficiente para acomodar unas a otros y de este modo colaborar del mejor modo posible al interés general de los ciudadanos.