Las dotaciones públicas se
establecen para generar espacios,
ponerlos a disposición de los ciudadanos y prestar servicios a toda la
población, con unas reglas concretas. A tales efectos la legislación
urbanística suele establecer unas superficies mínimas que cualquier actuación
urbanística debe obtener para tal fin. El destino de este suelo viene dividido
desde la propia normativa, viarias y no viarias. Dentro de estas últimas aquellas
destinadas a zonas verdes y a aquellas otras que deben servir para otros
equipamientos tales como hospitales, colegios, bibliotecas, etc.
A partir de las previsiones
legales corresponde a las Administraciones públicas determinar la superficie de
suelo dotacional y sus requisitos de calidad y ubicación, dimensión, diseño, y
demás condiciones. Los planes en sus diferentes escalas van concretando la
reserva de este tipo de suelos. En ocasiones es la propia normativa que regula
el uso al que se va a destinar estos suelos la que establece unas dimensiones
mínimas, como en el caso de la reserva para suelo escolar, a partir del número
de habitantes que prevé el nuevo plan.
A día de hoy encontramos en la
realidad que determinados suelos dotacionales se encuentran en situaciones que
difieren de las previsiones que inicialmente cabría deducir del planeamiento
urbanístico y de su ejecución. En unos casos se han ejecutado equipamientos
públicos, tales como piscinas, casas de la cultura o centros asistenciales que
se han cerrado por falta de presupuesto municipal para su mantenimiento
(energía, limpieza, seguridad, ...). En otros los suelos están obtenidos por
las Administraciones, pero no se han realizado las obras, construcciones o
instalaciones que estaban previstas por falta de disponibilidad presupuestaria,
tratándose de una especie de solares vacíos. Por último existen terrenos que
deben ser obtenidos por el Ayuntamiento por expropiación y que, por la misma
razón que en los dos supuestos anteriores, ni se han adquirido los terrenos, ni
por tanto se han realizado los equipamientos.
Por otra parte, los hábitos de comportamiento de los
habitantes de las ciudades están cambiando. La forma de hacerse presente en la
ciudad ha evolucionado. Es cierto que determinados servicios siguen prestándose
de forma similar que antaño, al menos en cuanto a necesidades de suelo
(colegios, hospitales, edificios administrativos, ...) Sin embargo hay usos
públicos que no son tan “clásicos” desde un punto de vista urbanístico (transporte
urbano por bicicleta, mercadillos, asambleas vecinales, manifestaciones
culturales de diversa índole, ...) que buscan hacerse hueco en la ciudad
ocupando o readaptando el espacio inicialmente previsto para otras actividades
y que no se están pensados en su configuración para las necesidades que
precisan.
Parece que este tipo de
utilización de la ciudad por sus habitantes va a ir a más. Es el momento
propicio para reflexionar sobre estas cuestiones, antes que la realidad
desborde de forma más intensa a la planificación de ciudades y pueblos.
Entiendo que la nueva definición de determinados espacios públicos debe ir
asociada a la flexibilidad y a la multifuncionalidad, ya se trate de un espacio
abierto o cerrado. Ya no cabe, o al menos no parece la mejor de las soluciones,
salvo que se trate de dar respuesta a una necesidad concreta, que se mantenga
la configuración de espacios monofuncionales. Es evidente que el uso de
colegio, de universidad, o de hospital tienen una clara vocación monofuncional,
por lo que estos criterios de flexibilidad no les serían de aplicación. Pero
existen otros supuestos, como por ejemplo las plazas, en las que debería
preverse la posibilidad que quepan determinados usos alternativos al meramente
peatonal, de este modo, además, se
facilita un espacio de mayor comunicación entre los ciudadanos,
recuperando parte de la esencia de estos lugares. La reserva de suelo y el
diseño de los viales ya no puede limitarse a la calzada y aceras, es necesario
tener en cuenta las diversas formas de desplazamiento, entre otras cosas, por
tanto las dotaciones no viarias debería planificarse de acuerdo con los
estudios de movilidad, especialmente en aquellas ciudades en las que sus
dimensiones requieren prever alternativas seguras y accesibles a diversas
formas de transporte público.
La posibilidad de
reutilización de edificios existentes que hoy están vacíos precisa de
soluciones diferentes para obtener distintos resultados, así, por ejemplo, se
podría articular mecanismos de colaboración público privada para la ocupación
de estos inmuebles por iniciativas de vecinos para usos que necesiten y que
podrían ir desde exposiciones de pintura o escultura a cine forum, aulas de
estudio, u otros usos que precisen de una espacio cerrado, siendo de este modo
puestos a disposición de ciudadanos según necesidades y con una gestión “ad
hoc” para cada uno ellos.
Más difícil podría ser la
reutilización de espacios públicos urbanizados pero no edificados y, por tanto,
no destinados a su finalidad primigenia, en estos casos se trata de solares
públicos vacíos. Aunque siguen existiendo posibilidades que la realidad
presenta en el día a día, en estos ámbitos podrían habilitarse usos
provisionales, que podrían ir desde las instalaciones como plazas de toros portátiles
y circos hasta escenarios para fiestas, o instalaciones para eventos
deportivos, etc. Existiendo como alternativa a todo ello su destino a los
denominados huertos urbanos, allá donde exista demanda de este uso.
En definitiva nos encontramos
con espacios públicos desaprovechados, no utilizados y con demandas de los
ciudadanos de lugares para el desarrollo de determinadas actividades bastante
novedosas y creativas. Las Administraciones Públicas deberíamos tener la
iniciativa suficiente para acomodar unas a otros y de este modo colaborar del
mejor modo posible al interés general de los ciudadanos.
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