El mundo es una esfera de cristal
el hombre anda perdido si no vuela
no puede comprender la transparencia
(Pablo Neruda)

domingo, 22 de enero de 2017

Necesaria adaptación del urbanismo industrial al siglo XXI

Hace unos días asistí a una reunión con empresarios que tenían sus naves y edificios en polígonos industriales o parques empresariales. Expusieron una realidad que es fácilmente apreciable, las áreas industriales, sobretodo las de una cierta antigüedad, aunque haya excepciones, no tienen fama de ser espacios de calidad, se perciben  como en un segundo nivel respecto de las áreas residenciales, a pesar de que quienes trabajan en estas zonas pasan gran parte de su tiempo en ellas. En general, no se les da el tratamiento adecuado y por ello tienen una mala conservación de la urbanización, una mala imagen y no se están adaptando a las exigencias para la producción en el siglo XXI.
No es que yo sea asiduo de polígonos industriales, pero sí he estado en varios de ellos. Casi todos presentaban los servicios urbanísticos construidos, es decir, contaban con alumbrado público, red de alcantarillado -al menos estaban las trapas-, encintado de aceras y acceso rodado por calles asfaltadas, con plazas de aparcamiento que, sin contarlas, no daba la impresión que dieran lugar a problemas de aparcamiento. Me imagino que tendrán abastecimiento de agua corriente y energía eléctrica. Por lo tanto, estaríamos ante un suelo urbanizado, incluso las parcelas tendrían la condición de solares edificables.
Estos polígonos cuentan con los servicios urbanísticos básicos legalmente exigibles. Estos servicios, con el uso y el paso del tiempo, se van deteriorando y, en muchos casos, no existe una tarea de mantenimiento y reparación: bacheado del asfalto, señales de tráfico caídas, zonas verdes cuyo ajardinamiento está abandonado, etc. Lo cierto es que la imagen de la urbanización esplendorosa y reluciente del día en que se cortó la cinta de su inauguración ha desaparecido en gran medida.
Las inquietudes de algunos empresarios van más allá de lo básico, la previsión de mínimos de la legislación urbanística puede ser insuficiente para la forma en que se desarrolla la actividad productiva en la actualidad. Por ejemplo, una cuestión fundamental en este punto son las telecomunicaciones, está claro que hoy es esencial para desarrollar cualquier actividad la telefonía fija o móvil y el cableado necesario para la comunicación audiovisual, internet, etc. y, sin embargo, no es este uno de los servicios que necesariamente, por ley, deban tener los polígonos.
Algo menos básico, pero también -entiendo- necesario para la actividad económica del siglo XXI, son las instalaciones que permiten compatibilizar el trabajo con la familia y el desarrollo de la persona. Así, la existencia de guarderías, siempre que el tipo de actividades que se desarrollen en el polígono lo permita sin afectar a la salud de los niños, gimnasios o zonas deportivas, parques y espacios libres de calidad, servicio de transporte público y accesibilidad no motorizada desde zonas residenciales, servicio de seguridad privada, edificios para celebrar congresos, asambleas, reuniones o jornadas de formación, son algunos equipamientos, públicos o privados, que mejorarían la calidad de trabajo en el entorno.           
Un tercer escalón al que se referían estos empresarios con los que estuve reunido fue la necesidad de dar una imagen apropiada. Las fachadas de los edificios, los retranqueos de estos frente al vial con zonas ajardinadas privadas, el diseño de los viales y de los parques públicos, no se trata de que cada nave o edificio sean las torres de la Castellana de Madrid, la torre Agbar de Barcelona o el edificio Aqua de Valencia, pero que los elementos de las parcelas privadas como jardines, espacios libres o cerramientos de las naves y edificios tengan una cierta estética y calidad. En definitiva, que sea agradable transitar por un espacio que no por el hecho de dedicarse a actividades productivas ha de ser un ataque a los sentidos.
Creo que estas propuestas de mejora no solo repercutirían en el funcionamiento interno de las empresas que están implantadas en estos polígonos, que contarían con unos mejores servicios y prestaciones para el desarrollo de su actividad y con unas mejores condiciones de trabajo para el personal de la empresa, lo que, según los expertos, mejora los rendimientos económicos de las mismas, sino que sería una imagen apropiada para clientes y empresas inversoras y colaboradoras. No es lo mismo traer a un futuro cliente a un polígono con la calle parcheada y los edificios sucios o degradados por falta de cuidado y malos materiales, que un parque empresarial moderno con avenidas ajardinadas y edificios que, sin ser un premio Pritzker, dan una imagen de eficiencia y modernidad al entorno.
Particularmente estoy completamente de acuerdo en que se deberían adoptar medidas para conseguir que esto fuera así. Responde al modelo de urbanismo que aparece en la normativa urbanística, al menos, en la Comunidad Valenciana, urbanismo de calidad (no solo residencial), cohesión social, mezcla de usos, y generación de espacios de calidad que permitan la atracción e implantación de talento y fomentar que este talento pueda interrelacionarse. Si queremos ser un territorio que compita con otros en atracción de inversiones y de talento debemos crear las infraestructuras adecuadas de todo tipo, las industriales también, y entornos de calidad de vida y de trabajo, de modo que quien venga a su desarrollar su negocio se quede frente a otras ofertas porque encuentra toda la potencialidad para desarrollar su proyecto empresarial en las mejores condiciones de vida.       
La cuestión será cómo hacerlo. Porque no todo el mundo puede compartir esta visión, ni todos los empresarios estarían dispuestos a asumir los mayores costes que esto supondría. Si solo lo hicieran los empresarios dispuestos a participar en este modelo, a través de una fórmula de asociación voluntaria, serían únicamente estos quienes pagarían los servicios y equipamientos adicionales que beneficiarían no sólo a ellos sino también a aquellos que decidan no participar y no asumir los costes. Hay quienes proponen una participación obligatoria y la creación de un ente gestor del polígono o algo parecido. Es decir, un modelo que tuviera sus analogías con una comunidad de propietarios regulada en la Ley de Propiedad Horizontal, pero, evidentemente, con particularidades propias que lo harían diferente. Por ejemplo, no se trataría de una urbanización privada, los viales y demás servicios urbanísticos seguirían siendo públicos y el mantenimiento correspondería a la Administración, sin perjuicio de que pudiera realizarse una gestión indirecta de este mantenimiento por el ente gestor del polígono, serían los servicios adicionales, los que tendrían naturaleza privada.
Entiendo que el modelo propuesto precisa de una o varias modificaciones legislativas. Por una parte debe decidirse si se incrementan los servicios urbanísticos mínimos del suelo industrial para dotarlo de las infraestructuras de telecomunicaciones. Además debe valorarse la privatización o fórmulas de colaboración público privada para el mantenimiento de estos servicios e infraestructuras públicos. Por otra parte, con el ordenamiento jurídico actual, pienso que no se puede obligar a un propietario a participar de la gestión de unos servicios que no están exigidos por la ley de forma obligatoria a través de una entidad privada. Por lo tanto, solo a través de una nueva ley que regulara esta gestión podrían establecerse las normas de acuerdo con las cuales se regiría este novedoso modelo. Ahora bien, el legislador deberá tener cuidado para evitar que la implantación de nuevos servicios e infraestructuras suponga tales costes que impida a determinados empresarios instalarse en un polígono o que los que ya están instalados tengan que cambiar de ubicación.               
Hay cosas que ya se pueden hacer, sin cambiar la ley. Mantener adecuadamente obras de urbanización en las condiciones adecuadas, establecer ordenanzas de edificación en los polígonos que garanticen una mínima calidad del entorno, tener en cuenta en la ordenación pormenorizada la funcionalidad de los parques públicos y las zonas verdes, realizar un plan de movilidad sostenible y poner en marcha las acciones que derivan del mismo, reservar espacios destinados a equipamientos para la realización de actividades logísticas, de formación o de otro tipo por las empresa implantadas, realizar la conservación de la urbanización mediante gestión indirecta a través de entidades privadas del polígono o parque empresarial. Sería un paso adelante que facilitaría la implantación de modelos más ambiciosos. 
Hemos de tomar conciencia de que nuestros polígonos industriales clásicos, han de transformarse en parques empresariales modernos. Estas instalaciones son un escaparate para quienes vienen a hacer negocios con las industrias y empresas radicadas en ellos y para quienes quieren invertir. La primera imagen, la primera percepción que se recibe es, como en tantas otras cosas, determinante. Y no solo se trata de la mera apariencia, la existencia de infraestructuras y tecnología avanzada, que permita el pleno desarrollo de un negocio y de un entorno de calidad en el que trabajar, es cada vez más decisivo. Por eso creo que hay que adoptar iniciativas como las que he referido para adecuar lo que tenemos a las nuevas demandas.

lunes, 9 de enero de 2017

Revisión del patrimonio público de suelo como instrumento de regulación del mercado del suelo


El año 2017 empieza con un optimismo moderado en el sector inmobiliario. Las noticias que aparecen de forma generalizada en los medios de comunicación y las conversaciones con algunos operadores inmobiliarios permiten concluir que se inicia un nuevo ciclo,  existen más transacciones, se incrementa el precio de los productos inmobilarios y la inversión crece en este sector. De una manera prudente, existe bastante consenso en que no es previsible que se vuelvan a alcanzar los niveles de crecimiento del pasado “boom” inmobiliario. Es cierto que la mejoría en que se basa esta percepción se concentra en capitales de provincia lideradas por Madrid y Barcelona, y que radica fundamentalmente en el suelo residencial, en oficinas y en suelo comercial y logístico. En cualquier caso, la recuperación del sector y el moderado optimismo que transmiten quienes trabajan en el mismo es una buena noticia.
Aunque es cierto que no se prevé un nuevo “boom”, no está demás revisar, corregir y poner al día los mecanismos que puedan evitar, en su caso, que en el nuevo ciclo que comienza se produzca una nueva crisis en este sector como la precedente o, al menos, paliar su virulencia.
Pienso que no se puede dejar el sector inmobiliario a su regulación por la ley de la oferta y la demanda. Existen precedentes que reflejan que no funciona y que media una intervención regulatoria que motiva ese inadecuado funcionamiento. El urbanismo, parte fundamental del sector inmobiliario, es una función pública, tanto en su planificación como en su gestión; una segunda característica del urbanismo es su delimitación de contenido de la propiedad del suelo (zonificación, clasificación, edificabilidad, otros estándares urbanísticos etc.), a lo que hay que añadir la larga duración de los procesos de transformación del suelo y, en ocasiones, el oligopolio de los propietarios de suelos urbanizables y solares. Todo esto, querámoslo o no, hace que las reglas de la oferta y la demanda se distorsionen en este campo. Posiblemente por ello, la legislación urbanística española, desde el año 1956, prevé instrumentos de intervención en el mercado de suelo. También la Constitución Española de 1978 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La regulación de los instrumentos de intervención del mercado por la legislación urbanística española da respuesta a este mandato constitucional a través de diversos mecanismos: sistema de expropiación, el tanteo y retracto, el pago en terrenos en la actuaciones integradas por gestión directa o los patrimonios públicos de suelo (PPS). Centrémonos en el último de ellos, los PPS.
El artículo 51 del RDL 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS) es claro al respecto y establece como una finalidad del PPS regular el mercado de los terrenos.La forma de intervenir en el mercado a través de este mecanismo consiste, dicho de una forma sencilla, en 1) la obtención de terrenos, 2)  la puesta en el mercado de todo o parte de los mismos con determinadas limitaciones y 3) destinar lo obtenido por la enajenación o gestión de este patrimonio a su conservación y ampliación.
¿Cómo obtiene la Administración los bienes que forman parte de este patrimonio? El TRLS solo refiere explícitamente dos formas de obtención de PPS: 1) Los bienes, recursos y derechos que adquiere la administración en virtud del deber que comportan las actuaciones de urbanización de entregar a la Administración el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación de acuerdo con la legislación urbanística. Este porcentaje, salvo excepciones, no podrá ser superior a un 15% (máximo 20%) ni inferior a un 5%. En la Comunidad Valenciana este porcentaje es, básicamente, de un 10% en suelo urbanizable y de un 5% en suelo urbano (art. 77 LOTUP). Y 2) los bienes obtenidos por la enajenación de estos.
Además el TRLS se remite a la legislación urbanística la determinación de otros medios para la obtención de PPS. Así, en la Comunidad Valenciana, la LOTUP también prevé que formen parte de este patrimonio los bienes que la administración pueda adquirir con esta finalidad. A tales efectos establece la posible obtención mediante la delimitación de áreas en el plan general estructural o en planes especiales para la adquisición mediante expropiación de terrenos e inmuebles o directamente  mediante expropación (arts. 98, 100 y 103 de la LOTUP).
La gestión de este patrimonio está condicionada por la propia legislación. Así se establece el TRLS, en primer lugar, que deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y a otros usos de interés social con fines urbanísticos, ambientales o culturales, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana. En segundo lugar, se indica que podrán ser objeto de enajenación, teniendo en cuenta que la legislación autonómica admite otros mecanismos de gestión, así la valenciana también admite el alquiler o la constitución de un derecho de superficie sobre estos bienes. En tercer lugar,los ingresos obtenidos de esta gestión se destinarán a la conservación, administración y ampliación del PPS. (art. 52 TRLS). De esta forma el PPS debería estar continuamente ampliándose.
La realidad es que históricamente este mecanismo no ha funcionado demasiado bien en nuestro urbanismo, de tal forma que periódicamente el sector inmobiliario ha experimentado fuertes subidas en el precio de suelo y demás inmuebles. Desde mi punto de vista, existen condicionantes en la gestión actual del PPS que dificultan el cumplimiento de la finalidad de regular el mercado de terrenos. Dejaré al margen la mala aplicación de la normativa y la utilización de los bienes del PPS o de los ingresos obtenidos por su gestión para destinos diferentes a los legalmente previstos y me centraré en dos cuestiones: por una parte la diversidad cada vez mayor de destinos de este patrimonio, por otra, la fallida gestión de las políticas de viviendas de protección pública y su escasa incidencia en el mercado inmobiliario.
Efectivamente, el PPS se puede destinar a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, que podría tener una incidencia en el mercado inmobiliario, pero además la ley establece otrosdestinos que, en mi opinión,no tienen ninguna trascendencia en este mercado:
- Costear parte de la financiación pública que pudiera estar prevista en una actuación de dotación (art. 18.2.a) TRLS)
- Reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan determinadas condiciones, sin perjuicio del carácter temporal de este destino (art. 52.5 TRLS)
- Otros fines de interés social, ambiental o cultural en los términos que se concrete por la legislación urbanística y los instrumentos de ordenación urbanística (art. 52.1 TRLS).
Al final son tantas las alternativas posibles para el destino de los bienes del PPS y la Administración utiliza tanto estas alternativas, que no se ponen estos bienes inmobiliarios del PPS en el mercado y, por lo tanto, la gestión de este patrimonio no tiene incidencia en el mercado de suelo, incumpliéndose una de sus finalidades más importantes. Se podrá decir que existe mucho suelo de PPS no utilizado por falta de promoción y construcción de viviendas de protección pública. Entramos de esta forma en la segunda de las cuestiones a la que me quería referir la gestión de la política de gestión pública.
La realidad nos indican que en los últimos años se está construyendo poca vivienda de protección pública, los motivos pueden ser varios, la crisis, el precio final de la vivienda protegida -en ocasiones superior al de la vivienda libre-, la falta de créditos de los bancos a los propietarios, la deuda de las administraciones públicas que impide destinar fondos a las ayudas para la construcción o compra de estas viviendas, etc. Pero las Administraciones no parece que reaccionen ante esta evidencia cambiando la normativa o de algún otro modo, por lo que sigue sin aportarse al mercado inmobiliario bienes que ayuden a la regulación del precio del suelo y la vivienda.
A mi entender algo debería cambiarse para que los PPS fuesen auténticos instrumentos reguladores del mercado de suelo, garantizando el acceso a viviendas dignas y evitando una especulación desproporcionada. No incluiré como he indicado anteriormente medidas para que todo el PPS se emplee en destinos propios de PPS y estas medidas no necesariamente han de ser cambios legales, o sí, lo importante es que de una forma u otra puedan aplicarse:
En primer lugar se podría limitar a un porcentaje determinado el patrimonio público de suelo que se destine a finalidad diferente de medidas que tengan por objeto intervenir en el mercado de suelo.
En segundo lugar, cabría destinar todo el patrimonio público de suelo que sea necesario y dotado presupuestariamente para viviendas de protección pública favoreciendo a la población con menos posibilidades económicas con subvenciones de la administración al precio de la vivienda.
En tercer lugar, si no son necesarias más viviendas de protección pública o la Administración no puede dotar de créditos a este tipo de viviendas en los términos en que están reguladas, se podría cambiar la legislación para ampliar las modalidades de viviendas de protección pública, de tal manera que por una parte se incremente el número de los posibles beneficiarios de las mismas por establecer condiciones de accesibilidad menos estrictas y por otra se eviten las ayudas económicas de las administraciones públicas en su construcción o venta puedan, de modo que pueden ponerse en el mercado un mayor número de estas viviendas. Así por ejemplo, se puede establecer un precio tasado de viviendas, o del alquiler de las mismas, sin que estas tengan subvención, sin perjuicio de posibles compensaciones urbanísticas, a través, por ejemplo, del coeficiente corrector en el cálculo de aprovechamiento tipo aplicado a la edificabilidad a la que asigne como uso este tipo de viviendas, de tal manera que el aprovechamiento subjetivo del titular del suelo destinado a estas viviendas sea superior que el que correspondería a una vivienda libre de esta limitación.
En cuarto lugar, con carácter supletorio de los anteriores, se podría establecer la posibilidad de destinar el PPS a suelo industrial y terciario, pues como hemos visto, las tensiones en el mercado de suelo no sólo se producen en los de uso residencial.
En quinto lugar, que los ayuntamiento, diputaciones y comunidades autónomas racionalicen, reduzcan o incluso supriman  la construcción de instalaciones públicas “excesivas” (piscinas cubiertas, casas de la cultura, polideportivos,...) y destinen esos créditos a medidas que sirvan para regular el mercado suelo, por ejemplo destinándolos a algunas de las finalidades referidas en los tres apartados anteriores.
Parece que empezamos un nuevo ciclo inmobiliario y, aunque es pronto, por su carácter incipiente y localizado, y no es previsible que alcance las magnitudes del ciclo anterior, no está demás que se dedique tiempo a poner al día instrumentos como los PPS, que en caso de ser necesarios y aplicarlos en el momento adecuado, podrían ayudar a reducir desequilibrios que pueden producirse en el sector inmobiliario.             

sábado, 17 de diciembre de 2016

DOTACIONES PÚBLICAS NO INCLUIDAS EN ÁMBITOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA

Tipos de dotaciones públicas
Las dotaciones públicas urbanísticas son terrenos cuyo destino según la ordenación del planeamiento es el de zonas verdes, colegios, centros de salud, polideportivos, u otros usos públicos.
La clasificación de estas dotaciones públicas suele distinguir entre las estructurales, generales o primarias, y las pormenorizadas, locales o secundarias. Su principal diferencia es que las primeras tienen relevancia en toda o una amplia parte de la ciudad, pueblo o localidad; y las segundas tienen un ámbito de influencia más reducido, barrio, parroquia, polígono o sector.
Pero existe otra clasificación que se realiza tomando como criterio la gestión de la ejecución de este suelo dotacional. Unas son las dotaciones que se incluyen en ámbitos de gestión de actuaciones urbanísticas, denominadas actuaciones sistemáticas, es decir, al tiempo que se realiza la transformación urbanística del ámbito en el que se actúa se obtienen los correspondientes suelos dotacionales. Esta gestión debe realizarse por los responsables de la actuación urbanística, y es a cargo de quienes obtienen el aprovechamiento urbanístico, es decir los propietarios de los terrenos. Generalmente las dotaciones locales o de la red secundaria se gestionan de esta forma, las dotaciones estructurales o primarias pueden gestionarse de esta forma o no; sin duda, en una manifestación de dos principios que caracterizan el urbanismo español, el de la recuperación de las plusvalías que genera la acción urbanística de la Administración Pública y el de la justa distribución de beneficios y cargas.
La otra clase de dotaciones, según el criterio que estamos utilizando, son las que no se incluyen en ámbitos de gestión de actuaciones urbanísticas, denominadas actuaciones asistemáticas. En este caso, la obtención y urbanización de los terrenos, al no estar incluidos en ámbitos de gestión urbanística, se realiza directamente a cargo de la administración urbanística actuante. Generalmente son las dotaciones estructurales o primarias no incluidas en actuaciones sistemáticas. Para ello la Administración puede utilizar varias técnicas que prevé la normativa urbanística: la expropiación, la ocupación directa o la reserva de aprovechamiento. En el primer caso, la Administración obtiene los terrenos pagando al propietario el precio de los terrenos, bien sea por acuerdo o en su defecto por la fijación de un justiprecio de manera forzosa de acuerdo con el procedimiento y los criterios de valoración previstos para ello. En el segundo caso, la Administración obtiene los terrenos otorgando al propietario el aprovechamiento que tenían los terrenos objeto de la expropiación en un ámbito de suelo urbano o urbanizable que reúna la condiciones (excedente de aprovechamiento) que permitan la materialización en el mismo. En el tercer caso, o sea la reserva de aprovechamiento, la Administración obtiene el terreno, pero sin el aprovechamiento, este aprovechamiento permanece en poder del propietario quien lo reserva para su ejecución en alguno de los sectores o ámbitos urbanísticos previstos en el planeamiento que reúnan las condiciones que así lo permitan.

Problemática de la gestión de dotaciones públicas en las actuaciones asistemáticas
Son los supuestos de actuaciones asistemáticas en los que la Administración ha de obtener los terrenos por expropiación, o ha de obtener las reservas de aprovechamiento porque su titular no puede materializarlas por falta de suelo con condiciones adecuadas para ello (excedente de aprovechamiento) que permitan esta posibilidad, los que generan en la actualidad los principales problemas a las Administraciones Públicas.
Efectivamente, imaginemos que un plan general de ordenación urbana ha previsto una zona verde estructural, de red primaria o de sistema general, y esta no está adscrita a ningún sector de planeamiento. Su obtención normalmente será por expropiación o mediante una reserva de aprovechamiento a materializar en otros ámbitos del término municipal. Por desgracia, lo habitual es que pasen los años y, o bien el suelo no se ha expropiado, o bien la reserva de aprovechamiento no se ha materializado.
Para estos casos la legislación urbanística prevé la expropiación por ministerio de la ley, también llamada expropiación rogada. Es decir, el propietario, cansado de esperar la expropiación, transcurrido el plazo establecido en la Ley (5 años en la Comunidad Valenciana) solicita la expropiación de los terrenos. Lo mismo ocurre en el caso de no poder materializar el aprovechamiento. Entonces la Administración se ve obligada a expropiar y surgen los problemas presupuestarios, no hay dinero.

Posibles soluciones
Antes del inicio del expediente expropiatorio la Administración, que puede ver venir lo que le cae encima, se plantea medidas paliativas. Una de las posibilidades es la de realizar actuaciones de dotación, es decir, incrementar la densidad, edificabilidad o establecer nuevos usos urbanos de mayor valor para incrementar las dotaciones y obtener este tipo de suelos dotacionales.
Algo parecido que también se puede hacer es adscribir estos suelos a sectores de suelo urbanizable existentes, si bien esto suele ir acompañado de un incremento del aprovechamiento urbanístico de estos sectores, es decir, más edificabilidad, densidad o nuevos usos. Siguiendo la terminología que hemos empleado, con estas medidas se cambiaría la actuación asistemática por una actuación sistemática. Pero esta solución no siempre es posible, pues los sectores no admiten más edificabilidad o más densidad de viviendas, o están ya ejecutados o en ejecución, o ya tienen adscritos elementos de la red primaria y aumentar la cargas los haría inviables económicamente, etc. Por lo que en estos casos la Administración urbanística seguiría teniendo la necesidad/obligación de expropiar.
Hay una posibilidad que, al menos que yo conozca, no se está utilizando, reducir el suelo urbanizable o urbano, la edificabilidad o la densidad existente y, en consecuencia, reducir proporcionalmente el suelo dotacional estructural o de red primaria. Efectivamente, los planes prevén el suelo dotacional a que nos referimos para atender necesidades derivadas de desarrollos urbanísticos contemplados en el plan, cuanto más desarrollo urbanístico establezca en el plan serán necesarias más zonas verdes, viarios nuevos o más amplios, ampliación de depuradoras, etc. Si se reducen los desarrollos urbanísticos, por la desclasificación de suelo o la minoración de la edificabilidad o la densidad, es decir, si se reduce la población potencial del plan, se elimina, proporcionalmente, la necesidad de dotaciones públicas. Por lo que, mediante una modificación, al mismo tiempo que se desclasifica suelo se pueden eliminar, proporcionalmente, estas dotaciones.
Quizá el ejemplo de la zona verde o parque público sea el más claro. En el caso de la Comunidad Valenciana la legislación urbanística establece la obligación de prever 5 metros cuadrados de suelo de parque público por cada habitante potencial previsto en el plan. Aplicando esta norma a la inversa, por cada habitante potencial que se reduzca el plan se pueden eliminar 5 metros cuadrados de suelo. Luego, desclasificando suelo, pasando de urbano o urbanizable a no urbanizable, o reduciendo su edificabilidad o densidad, se pueden eliminar, en todo o en parte, estas zonas verdes de gestión asistemática. Si tenemos en cuenta que muchos planes tienen suelo urbanizable que no es previsible que se desarrollen a medio plazo, no sólo se adecuará el planeamiento a la demanda o necesidad de suelo, sino que se conseguirá eliminar la carga presupuestaria derivada de la expropiación rogada de estos planes.

Otra posibilidad parecida a la señalada en el apartado anterior, pero de más calado es revisar el planeamiento urbanístico. Esta opción, que es más compleja en cuanto a su elaboración, admite más posibilidades, dado que como la revisión a diferencia de una modificación puntual, permite cambiar todo el modelo territorial, es posible disminuir estándares de dotaciones públicas siempre que con esta reducción se respeten los mínimos legales y no dejen de realizarse la infraestructuras urbanísticas necesarias para atender las necesidades del nuevo modelo. En muchas ocasiones, especialmente los planes elaborados en época de bonanza económica, preveían más suelo dotacional del legalmente exigible y del necesario para la población (más zonas verdes, más edificios institucionales como casas de cultura, polideportivos, piscinas etc.). Mediante la revisión del planeamiento es posible ajustar las dotaciones a necesidades municipales menos pretenciosas, además de ajustar los desarrollos urbanísticos a las demandas previsibles con los pies en el suelo y, en consonancia, un menor esfuerzo de suelo público sin rebajar la calidad de vida de los ciudadanos.
Conclusión

De acuerdo con lo dicho, ante situaciones de actuaciones dotacionales asistemáticas, se puede procurar su asignación a actuación sistemática, pero cuidado con exceder los límites de densidad o edificabilidad y con sobrecargar los sectores existentes mediante la adscripción de estas como nuevas cargas que los hagan inviables económicamente. Y en segundo lugar, quizá mejor que la primera opción, adecuar las previsiones del planeamiento a la realidad municipal, desclasificando suelo y reduciendo las dotaciones, bien sea vía modificación puntual del plan, si no afecta al modelo territorial y urbanístico municipal; bien sea vía revisión del plan, si se plantea otro modelo territorial y urbanístico.

sábado, 3 de diciembre de 2016

SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO, CINCO CAUSAS Y CINCO PROPUESTAS

Elaborar y tramitar una plan hasta su aprobación a día de hoy son palabras mayores. Esta percepción es constatable, me temo, en toda España. Así lo puede comprobar a principios de noviembre en unas jornadas organizadas por la Junta de Andalucía bajo el nombre de “Territorios Compartidos”, cuyo tercer bloque hacía referencia a urbanismo, y en concreto a la documentación y tramitación de instrumentos de planeamiento.
Si digo que un plan general de ordenación urbana tarda en tramitarse más de seis años, es posible que haya quien se indigne, pero no quien se sorprenda. A todo el mundo relacionado con el mundo del urbanismo nos gustaría que la realidad fuera otra y que en doce meses, incluso en diez y ocho, fuésemos capaces de elaborar y aprobar definitivamente un instrumento de planeamiento, por complejo que fuera.
Hay muchas razones que dan lugar a esta excesiva complejidad de los documentos y, por ende, a la dilación en su tramitación. Solo voy a destacar cinco que me parecen muy relevantes:

1. Complejidad de la legislación urbanística.
La legislación urbanística es particularmente compleja, pienso que principalmente por tres razones: por la cantidad de disposiciones normativas existentes, por la incidencia de la normativa sectorial (medio ambiente, agua, infraestructuras, …) y por la sucesión de disposiciones en el tiempo.
Generalmente, suele haber una ley que podríamos denominar “central” o “principal “ que regula el suelo y el urbanismo, entorno a la cual aparecen una serie de normas “satélites” que acaban de conformar el marco jurídico urbanístico. En la Comunidad Valenciana podíamos diferenciar la Ley Urbanística Valenciana, y en torno a ella, la Ley del Suelo No Urbanizable y la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, además del Reglamento de Ordenación y Gestión del Territorio y Urbanismo (ROGTU) En este caso, también deberíamos añadir la Ley de Campos de Golf y la sucesión de Decretos Leyes y Decretos que han modificado estas normas.
Este cuerpo jurídico urbanístico debe completarse por otras normativas sectoriales que tienen una incidencia directa en el urbanismo. Especialmente reseñable es la normativa sobre evaluación ambiental, pero también la regulación del agua, y otras como red natura 2000, contaminación acústica, patrimonio cultural, montes o espacios forestales, vías pecuarias, carreteras, costas, puertos, y un largo etc. que solo por el número pone de manifiesto su dificultad.

Además, existe otro factor que complica aun más esta regulación, la sucesión de normas en el tiempo. Es decir, aquellas normas que derogan a las vigentes y conforman una nueva regulación, por ejemplo en la Comunidad Valenciana la LUV respecto de la LRAU o la LOTUP respecto de la LUV, en el Estado la Ley 8/2007 de Suelo respecto de la Ley 6/1998 o las leyes y textos refundidos que han modificado la primera. Dada la larga duración de la tramitación de los planes, muchas veces resulta difícil adivinar cual es régimen jurídico que se debe aplicar, siempre debemos estar al régimen transitorio, que suele tener una breve regulación, que muchas veces no abarca todos los aspectos que surgen en la tramitación y cuyas lagunas son difíciles de suplir con seguridad jurídica.

2. La complejidad intrínseca del urbanismo.
El marco normativo urbanístico, como hemos visto, es complejo, pero es que el sistema urbanístico en España es complejo en sí mismo. Desde los sujetos que participan, procedimiento bicéfalo entre la administración autonómica y la local, los órganos administrativos que pueden resultar afectados por la ordenación urbanística, los propietarios, los urbanizadores y los constructores. También el objeto del urbanismo es complejo, el territorio en sus diferentes componentes. Pero sobre todo los conceptos propios del urbanismo son complejos, sirvan algunos ejemplos: la clasificación de suelo, cuántas sentencias se dictan al año sobre la clasificación de suelo urbano o urbanizable, urbano consolidado o no, suelo no urbanizable protegido o común, y no lo tenemos claro aun. Cuándo un equipamiento o infraestructura es sistema general o red primaria y cuándo dotación local o red secundaria, qué puede adscribirse a un sector y qué no. Cómo delimitar las áreas de reparto para una justa distribución de beneficios y cargas y cómo calcular el coeficiente corrector de la edificabilidad. Son conceptos que sólo enunciarlos parecen difíciles, aplicarlos es todo un mundo.

3. Exigencias de documentación por la normativa
La normativa sectorial exige que los planes incorporen estudios de los ámbitos sectoriales propios, lo que hace que nos encontremos en una especie de “wikiplanes”. Los estudios ambientales, los estudios de paisaje, los planes de movilidad, los planes acústicos, los planes de impacto sobre patrimonio cultural, etc. En mi opinión se utiliza el urbanismo para exigir planes y estudios que, o bien debería realizar la propia administración y no lo hace, o bien deberían incardinarse en procedimientos sectoriales separados del documento urbanístico. La exigencia de estos documentos hace especialmente complicado y voluminoso el documento de un plan, hasta el punto que cumplir todos los requisitos de todas las administraciones hacen casi imposible su aprobación definitiva.

4. La actitud de los funcionarios
Los funcionarios que de forma directa o indirecta participamos en la tramitación de planes, en ocasiones, colaboramos en esta complejidad de la que venimos hablando, en ocasiones porque no somos claros en nuestras exigencias, en ocasiones porque nos contradecimos respecto de lo dicho con anterioridad, en ocasiones porque somos demasiado reglamentistas y nos falta un punto de flexibilidad en la aplicación de la norma. Muchas veces no se puede tratar igual situaciones desiguales, no es lo mismo, aplicar algunas determinaciones a municipios de menos de 2.000 habitantes que a los que tienen más de 50.000. No es lo mismo duplicar el suelo urbanizable pasando de 3 a 6 hectáreas, que duplicar el suelo urbanizable pasando de 30 a 60 hectáreas.

5. La interpretación de los Tribunales.
La interpretación de las normas que está realizando los Tribunales no ayuda a simplificar el urbanismo. En mi opinión es excesivamente formalista. La mayoría de los planes anulados no lo son por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de forma. Cuando se anula un plan por el Tribunal por adolecer de evaluación ambiental, en muchas ocasiones, no es porque no haya habido una evaluación ambiental del plan, sino porque esta no es una “evaluación ambiental estratégica”, pero en pocas o en ninguna sentencia se ha puesto de manifiesto el impacto ambiental negativo que el plan podría generar sobre el medio ambiente. En las sentencias anuladas por falta de agua, en ocasiones lo han sido por falta de informe del organismo cuenca, y a pesar de que tras aprobación se haya obtenido dicho informe se ha resuelto la anulación del plan, es decir, sí había agua, pero por un defecto formal se anula el plan.

Frente a esta problemática me atrevo a apuntar algunas propuestas de solución.

1. Simplificación normativa.
En la comunidad Valenciana se ha intentado simplificar la normativa, se ha aglutinado toda la normativa en un solo texto legal, en aras de simplificar por lo menos los textos legislativos. Pero ya veremos lo que dura, ya hay quien está solicitando la elaboración de reglamentos, y a partir de aquí puede volver a empezar la dispersión normativa. También es necesaria la continuidad en el tiempo de las leyes, evitando la aplicación sucesiva de legislación transitoria, y generando un marco estable, sin modificaciones sucesivas. Esto lo veo mucho más difícil, las leyes están en constante cambio y revisión y eso ayuda poco a la claridad normativa. Por último, hay que tratar que las normas sectoriales no se metan en temas urbanísticos, que no intenten “arreglar” cosas desde la sectorialidad. Tampoco me parece fácil, pero hay que intervenir en la elaboración de esta normativas para tratar de evitar que se produzca esta dispersión normativa.

2. Simplificación del Plan General.
Una de las fórmulas para esta medida en la Comunidad Valenciana ha sido la de dividir el plan general en dos planes, el plan general estructural (solo contiene la ordenación estructural) y el plan de ordenación pormenorizada, (solo contiene la pormenorizada) De eta forma, se puede tener aprobada el PG estructural de una forma más rápida al contener menos contenido económico-patrimonial, menos detalle en la ordenación, una mayor adecuación a las competencias en materia de planeamiento, menos sobre los que pronunciarse en los informes sectoriales y en la propia aprobación del documento, y la ordenación pormenorizada se realiza según posibilidades o necesidades del municipio. Desgraciadamente, a fecha de hoy aun no tenemos resultados respecto de aplicación de esta normativa.

3. Unificación del procedimiento de Evaluación Ambiental y Urbanístico.
La legislación urbanística de Comunidad Valenciana ha regulado de forma unificada la tramitación urbanística y la evaluación ambiental, no es posible diferenciar una procedimiento de otro. Es la única manera de regular de forma, lo más sencilla posible, dentro de su complejidad, la exigida integración de aprobación urbanística y evaluación ambiental. Además se ha asignado el carácter de órgano ambiental a los ayuntamientos respecto de los planes, en general, que afecten exclusivamente a la ordenación pormenorizada. Esta medida sí que ha supuesto una agilización efectiva de la aprobación de los planes en el tiempo que está en vigor.

4. Guías para la elaboración de documentos.
No se trata de hacer más leyes ni reglamentos, sino guías orientativas para la elaboración de planes, de forma que la administración, tanto la urbanística como los órganos sectoriales, pongan de manifiesto el contenido que deben incorporar los diferentes documentos que incorpora el plan y los criterios de acuerdo con los cuales se ha de evaluar. Estas guías luego se concretarán en cada caso en el denominado documento de alcance ambiental estratégico. De esta forma se puede trasladar por anticipado los criterios de la administración a quién elabora lo planes y ajustar el contenido de los mismos a lo que pide la administración, y precisar caso a caso en el documento de alcance estos criterios o exigencias. La dificultad de esta medida radica en la necesidad de cambiar de forma de actuar de algunos órganos de la administración y de que quienes elaboren el plan asuman estos criterios.

5. Información sobre el territorio accesible para todos.
Es necesario que toda la información sobre el territorio que tiene la administración se ponga a disposición de todo el mundo de manera accesible. A mi entender no basta con la posibilidad de facilitar esta información si alguien la solicita, sino de ponerla en internet, para que cualquiera, en cualquier momento pueda acceder a ella. Creo que se están haciéndose grandes avances en este sentido y existe gran cantidad de información existente en internet. En la Comunidad Valenciana, a través de los visores de la web de la Conselleria o de la página Terrasit se está centralizado toda esta información. Toda esta información debe estar unificada en una misma base cartográfica, lo que simplificará también la elaboración de documentos y su evaluación por los diferentes órganos administrativos.


El urbanismo es una materia complicada y no pienso que a medio plazo vaya a dejar de serlo. Los documentos de planeamiento también son complejos, y seguirán siéndolo. Pero pienso que se pueden adoptar medidas como las propuestas, u otras, que vayan haciéndolo más accesible para todos, y más ágil en cuanto a su elaboración y tramitación y aprobación.

domingo, 20 de noviembre de 2016

LEY DE LA HUERTA, UNA NORMA PARA LA ORDENACIÓN DE UN TERRITORIO DE ESPECIAL VALOR AGRARIO

Transitar por la huerta de Valencia, a pie, en bici, a caballo, incluso en coche, evidencia que nos encontramos ante un espacio singular, casi único, solo existen cinco ámbitos similares en el resto del mundo. La singularidad de esta huerta es evidente,  su valor agrario, económico, cultural y paisajístico aparece inmediatamente en cualquier aproximación que hagamos a ella. La existencia de estos valores hace que las Administraciones Públicas deban adoptar medidas para su protección y mantenimiento. Ahora bien, la acción pública ha tener en cuenta que la huerta no es un monumento, ni un elemento territorial estático, inerte o fosilizado, al contrario, es una realidad dinámica y cambiante que resulta configurada por la vida de los vecinos de los municipios en que se conforma y que sin estos vecinos y, especialmente, sin los agricultores acabaría por desaparecer. De ahí gran parte de la dificultad de esta protección. 

Hasta ahora eran los planes urbanísticos los que establecían la protección de estos terrenos agrarios. Normalmente recibían la clasificación de suelo no urbanizable protegido y se ordenaban usos y construcciones a realizar, permitiendo, limitando y prohibiendo obras y actividades, en función de sus características. La protección urbanística parece insuficiente desde un doble punto de vista, por una parte es constante el proceso de ocupación progresiva de la huerta por las transformaciones urbanísticas, al menos así lo manifiestan estudios que se han realizado sobre el particular, por otra parte se trata de una protección estática, es decir, no fomenta ni incentiva la actividad agraria que, no olvidemos, es causa de los valores que alberga. 

La Generalitat Valenciana ha tomado la iniciativa en la protección de este espacio. Para ello ha elaborado un anteproyecto de Ley de la Huerta y ha retomado la tramitación de un Plan de Acción Territorial cuyo objetivo es precisamente la huerta de Valencia. Tanto la Ley como el plan contienen disposiciones y determinaciones encaminadas a la ordenación de este espacio desde un punto de vista del territorio y del urbanismo y medidas dirigidas a apoyar e impulsar la actividad agraria. Se puede discutir si es necesaria una Ley o basta con el Plan de Acción Territorial, se puede discrepar del ámbito delimitado e incluso de la eficacia de las medidas planteadas, pero lo cierto es que se está dando un paso adelante para mantener algo que estaba en claro retroceso. 

El anteproyecto de la ley de la huerta hace un tratamiento interesante desde el punto de vista de la ordenación territorial y urbanística de este espacio. Se realiza un planteamiento que podría ser modelo a la hora de abordar el tratamiento territorial de otros ámbitos. Antes que nada hay que tener en cuenta que la huerta es un ámbito complejo en el que concurre una gran población, entorno a un millón de habitantes, con una fuerte movilidad entre las poblaciones, y tráfico pesado por la cercanía de puertos y aeropuerto de primer nivel internacional, además del potente mercado que genera la población y la actividad económica existente. De ahí la importancia de un adecuado tratamiento por el planificador y el especial interés que el legislador deja traslucir en la forma de hacer las cosas. 

Tras dedicar unos artículos a las disposiciones de carácter general y a los elementos que configuran la huerta, se refiere al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia y, en primer lugar, regula la infraestructura verde, indicando que aquellos espacios que reúnan determinados valores deben formar parte de esta infraestructura. Lo que obligará al planificador, a la hora de elaborar el plan, a identificar desde el principio esta infraestructura. Identificar la infraestructura verde al inicio tiene toda la lógica, pues de este modo  se obtiene el conocimiento de aquellos terrenos en los que concurren valores relevantes y cuales son, antes de adoptar decisiones sobre la ordenación del territorio. En este caso, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos, la infraestructura verde debe tener como referencia la actividad agraria y el uso público que este espacio alberga. 

En segundo lugar, y directamente relacionado con la infraestructura verde, la Ley le indica al planificador que debe atender al paisaje como elemento fundamental de este entorno. Y dirige su atención a elementos esenciales en la configuración del paisaje agrario, diferente de otros paisaje de nuestra Comunidad: las trazas del suelo agrícola, la red de caminos, la red de acequias, los itinerarios peatonales, el tratamiento de lo bordes urbanos, la incidencia de las ciudades sobre la huerta. También refiere los criterios paisajísticos de las edificaciones, tanto existentes como de nueva implantación, que han de ser objeto de especial análisis. Es decir, sin perjuicio de otros elementos propios del paisaje, el legislador preceptúa aspectos que han de incluirse de forma específica en los documentos de paisaje que se elaboren.     

En tercer lugar, se establecen medidas para la protección del medio ambiente, quizá quepan más de las que se preceptúan, o puedan desarrollarse de forma más pormenorizada, pero metodológicamente, lo importante es que, identificada la infraestructura verde y el paisaje, el plan debe establecer medidas para dar un tratamiento adecuado a aquello que ha considerado que tiene un valor significativo, relevante en la conservación de la huerta. 

Con la infraestructura verde y con el paisaje ya se puede tener una idea real del ámbito a ordenar, quizá debería haberse ampliado este análisis con las infraestructuras tradicionales que tienen incidencia en la huerta y establecer criterios respecto de su tratamiento para una mejor integración con la huerta. El anteproyecto de ley lo hace pero un poco más tarde. Particularmente considero que, metodológicamente sería mejor abordar las infraestructuras tradicionales (o grises) antes que los usos. De este modo, antes de definir los usos, se tienen perfectamente identificados los elementos existentes que pueden condicionar la ordenación, tanto los naturales y territoriales (infraestructura verde y paisaje) como los más artificiales y también territoriales (infraestructuras tradicionales, incluyendo elementos de la urbanización). 

La Ley se aplica a los suelos que se encuentran en situación básica rural (en la terminología de la Ley del Suelo del Estado) y por lo tanto de aquellos que no están urbanizados ni consolidados por la edificación, con independencia de la clasificación urbanística que asigne el plan a los terrenos. El anteproyecto de ley entiendo que también debería regular a continuación todo lo relativo al régimen de la zonificación y usos del suelo y relegar a artículos posteriores el régimen del suelo agrario infrautilizado, que es una cuestión claramente agraria más que de ordenación del territorio y urbanismo. De esta forma la regulación quedaría más clara y sería metodológica y sistemáticamente más correcta.  

La norma diferencia entre los suelos agrarios y los espacios naturales. Los segundos se regirán por la normativa ambiental que les sea de aplicación. En los suelos agrarios, el uso principal, como no podía ser de otra forma, es el agropecuario. Es este uso agropecuario y sus valores los que determinan la zonificación del suelo, de modo que cuanto mayor valor agrícola alberga el terreno más restricción debe establecer el planeamiento respecto de la compatibilidad de otros usos que no son propiamente agrarios. Y si los terrenos tienen menor valor agrícola admiten más usos complementarios. El texto normativo establece un régimen especial para aquellos suelos en que existen áreas de huerta degradada y cuya recuperación precisa inversión económica significativa, en estos casos el planeamiento podrá delimitar lo que se denomina “sector sector” o “enclave huerta”, figuras que, mediante la integración de medidas urbanísticas y agrapecuarias, pretende fomentar la regeneración agraria de estos ámbitos degradados, sin perjuicio de reconocer una espacio minoritario para su edificación. Una novedosa figura que merece su análisis específico en otro momento. 

En definitiva, la Generalitat ha tomado la iniciativa para la ordenación y dinamización de un espacio singular y de alto valor como es la Huerta de Valencia y para ello esta elaborando un ley ad hoc que prevé un plan de acción territorial específico en cuya elaboración plantea una metodología que es adecuada para la ordenación de este espacio complejo y debería servir de referencia para la elaboración de otros muchos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos. 


viernes, 24 de junio de 2016

Régimen jurídico aplicable a los instrumentos de planeamiento urbanístico

Cuando nos enfrentamos a la hercúlea tarea de elaborar, tramitar y aprobar un instrumento de planeamiento, lo primero que tenemos que identificar es el régimen jurídico que será de aplicación. Además, hemos de tener en cuenta que debido a la duración en el tiempo de esta ingente tarea de aprobar un documento de planeamiento y a la proliferación de normas urbanísticas, es posible que este régimen jurídico resulte modificado.

Inicialmente la respuesta a la pregunta sobre el régimen jurídico aplicable es relativamente fácil. El régimen jurídico que se ha de aplicar cuando se empieza a elaborar un plan es el de la legislación vigente en ese momento. Mientras esa legislación sigue vigente no hay ningún problema, es la que resulta de aplicación. Aunque cuidado hay tantos aspectos sectoriales que afectan al planeamiento que la dificultad puede venir  en la identificación de la normativa vigente en cada uno de los sectores.

Imaginemos que la tenemos identificada, resulta que, como ya hemos indicado, la elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación de un plan es larga, y el legislador, cada vez más inquieto, aprueba leyes que derogan o modifican la ley o leyes que eran de aplicación en un principio. Atentos, no sólo hay que tener en cuenta la normativa urbanística, sino también las normas sectoriales que inciden en la elaboración del planeamiento, que cada vez son más, por ejemplo las leyes ambientales, las relativas a infraestructuras, o al patrimonio cultural.

En estos casos hemos de acudir a las disposiciones transitorias de la ley que se ha modificado y actuar de acuerdo con estas. Por ejemplo, la Ley 5/2014, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje  sigue la tradición de la legislación urbanística valenciana en cuanto a la su transitoriedad, es decir, si un plan ya ha iniciado el trámite información pública a la entrada en vigor de la Ley se rige por la norma de acuerdo con la cual se estaba tramitando, pero en caso contrario, si no hubiese alcanzado el trámite de información pública, debe  regirse por la nueva ley.

En ocasiones las nuevas leyes no tienen régimen transitorio, entonces nos surge un problema, ¿la aplicamos o no a los procedimientos iniciados?. Particularmente pensaba que no eran de aplicación, y que se regían por la normativa vigente en el momento en que se inició plan. La razón es la aplicación del criterio establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/92, de 26 de junio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que establece que  a los procedimiento iniciados antes de la entrada en vigor de dicha ley  no le será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

El Tribunal Supremo parece que no comparte este criterio y está aplicando preceptos de normas entradas en vigor tras la iniciación de procedimientos  de aprobación de planes a los mismos. Tal es el caso de la exigencia de informes de sostenibilidad económica a los planes urbanísticos. Estos informes están previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y se aplican a planes urbanísticos cuya tramitación se inició con anterioridad a su entrada en vigor. En este sentido la STS 1603/2016, de 13 de abril, (nº de recurso  3053/2014),  declara la nulidad de todo el Plan General del Campello por adolecer del informe de sostenibilidad económica. Esta sentencia, además, se remite a otras dos, de 23 de octubre de 2014 y de 30 de marzo de 2015.    

Otro supuesto que hay que tener en cuenta según parece desprenderse de la nueva reciente jurisprudencia  del Tribunal Supremo es cuando se introducen modificaciones sustanciales en los instrumentos de planificación. Hasta ahora, a mi entender, debía someterse el documento modificado sustancialmente a una nueva información pública, pero se seguía aplicando el régimen jurídico vigente en el momento de la primera información pública. Acaba de dictarse una sentencia por el TS que parece que cambia el criterio.
 
STS 2335/2016, 18 de mayo de 2016, sobre DIC de espacial importancia art. 20 de la Ley 4/92, de la Generalitat Valenciana, de suelo no urbanizable:
“- Y cumple también indicar que, como fundamento de las consideraciones expuestas, la Sala de instancia parte de una premisa decisiva, y es que la propuesta de declaración de interés comunitario presentada en 2007 para dar cobertura a la actuación urbanística proyectada (que vino a aprobarse mediante el Acuerdo de 7 de mayo de 2010 impugnado en la instancia) no constituía un mero texto refundido, que viniera simplemente a integrar una propuesta de declaración de interés comunitario presentada con anterioridad en 2001 (19 de diciembre de 2001) con la que todavía vino más atrás en el tiempo vino a aprobarse en 1993 (Acuerdo de 31 de mayo de 1993), sino que en realidad configuraba una ordenación sustancialmente distinta. Entre otras razones, y sobre todo, porque aumentaba el techo de edificabilidad reconocido por el Acuerdo de 31 de mayo de 1993 sobre la superficie abarcada por ella (614.000 metros cuadrados), concretamente, lo hacía de 14.500 m2t a 22.500 m2t (el incremento es, pues, de 8.000 m2t, que es una magnitud nada despreciable): al margen de que el planeamiento urbanístico legitimara o no dicho incremento, como se afirma por los recurrentes, no es esa la cuestión, porque lo importante a los efectos que interesan ahora es que la autorización otorgada inicialmente no contemplaba la indicada edificabilidad. De ahí, por consiguiente, la procedencia de aplicar la normativa precedentemente mencionada.” Es decir la vigente tras la modificación sustancial de 2007 y no la vigente al inicio del procedimiento en 2001.

Otro supuesto a tener en cuenta respecto del régimen jurídico aplicable a un plan es el caso de nulidad radical de un Plan, en estos supuestos no cabe la convalidación de actos de trámite y el régimen jurídico es el vigente en el momento de la información pública por la que se vuelve a tramitar el plan de nuevo.

STS  2177/2016 de 4 de Mayo de 2016
“...aquel Plan Parcial aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el día 21 de enero de 2003, fue declarado nulo de pleno derecho con todas las consecuencias que ello conlleva, entre otras la de que, para la aprobación de un nuevo Plan Parcial del mismo Sector, se requiere iniciar un nuevo procedimiento con todos sus trámites, entre los que está el que han de emitirse todos los informes exigidos por la legalidad vigente al tiempo de esta nueva tramitación, que, en el caso enjuiciado, se han omitido por entender, al parecer, que eran válidos y suficientes los emitidos diez años antes sin atender a las circunstancias de hecho ni de derecho existentes al momento de esta nueva tramitación. Por esta razón es por lo que la Sala de instancia, antes de proceder al examen de los informes obrantes en el expediente administrativo, señala en el transcrito fundamento jurídico décimo de la sentencia que no pueden ser objeto de convalidación, dada la nulidad radical del Plan Parcial de 2003, elementos procedimentales del reglamento declarado nulo y, además, el inicio del procedimiento para la aprobación del nuevo Plan Parcial determina la vigencia de las normas que lo regulan, tesis acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, recogida, entre otras, en Sentencias de fechas 28 de septiembre de 20012 - recurso de casación 1009/2011 -, 1 de marzo de 2013 -recurso de casación 2878/2010 -, 13 de diciembre de 2013 -recurso de casación 1003/2011 - y 8 de octubre de 2014 -recurso de casación 1510/2012 -. En el mismo fundamento jurídico décimo de la recurrida, la Sala de instancia expresa con toda claridad los informes que, de acuerdo con la legalidad vigente al aprobarse el Plan Parcial impugnado, no se han emitido, señalando incluso que los emitidos en su día en el procedimiento de aprobación de la Homologación y del Plan Parcial declarado nulo o resultan insuficientes a la luz de las exigencias del ordenamiento jurídico vigente o, simplemente, es que no se emitieron, como el relativo a la disponibilidad de recursos hídricos o el acústico, por lo que reiteramos que este primer motivo de casación no puede ser acogido.”

Cuando se inicia la tramitación del procedimiento de aprobación de un instrumento de planeamiento hay que identificar, de forma precisa, el régimen jurídico aplicable. Y durante toda la tramitación, hasta la aprobación, hemos de estar atentos a cualquier circunstancia que pueda alterarlo, como en los supuestos a que me he referido.

sábado, 16 de abril de 2016

Planes urbanísticos, difíciles de aprobar fáciles de anular.

La elaboración, tramitación y aprobación de un plan general urbanístico es una tarea hercúlea. Nadie lo discute. Es constante el propósito de las Administraciones Públicas de simplificar los contenidos y agilizar los trámites exigidos para la aprobación de estos instrumentos de planeamiento. Pero, hasta el momento, no parece que las medidas adoptadas hayan dado sus frutos. Es posible que se produzca algún avance con alguna de las nuevas leyes urbanísticas que se han aprobado por la comunidades autónomas, pero aun si fuera así debería seguir profundizándose en la simplificación y agilización. 

En mi opinión, la razón de la complejidad en la elaboración y aprobación de un plan general reside en que hoy en día este documento es más que  un plan urbanístico. Un plan general es un “wikiplan”, una especie de wikipedia del territorio integrado por: un estudio de tráfico y plan de movilidad, un estudio del patrimonio natural, un estudio de paisaje, un estudio del patrimonio cultural, un mapa de ruido, un plan de depuración de aguas residuales, un estudio hidrológico, un plan de suministro de energía eléctrica, un estudio de población y de actividad económica, un estudio de la situación de la hacienda pública local, un estudio aeronáutico, un estudio... Estos estudios que componen el Plan General se van haciendo, a su vez, más complejos por las exigencias de los órganos administrativos competentes por razón de la materia encargados de informarlos. 

El origen de esta acumulación de contenidos de los planes se encuentra, a mi parecer, en la práctica administrativa concretada en los informes de las administraciones públicas de los diferentes sectores en los que incide el plan, que exigen extensos estudios sectoriales para poder emitir sus informes. Esta práctica ha dado lugar a que sean los propios textos normativos reguladores de dichos sectores (carreteras, energía, contaminación acústica, patrimonio cultural,...) los que exijan la realización de estos complejos estudios, elevando de este modo su exigencia a rango legal. En el último escalón se encuentra el nivel de exigencia en la aplicación de dichas disposiciones normativas de los tribunales de justicia.

Este modelo debería dar lugar a mejores planes, con una ordenación basada en una completísima información y análisis territorial y multidisciplinar, planes más integrados ambientalmente, con una mejor ordenación del tráfico, redes de transporte público, accesibilidad universal a dotaciones y equipamientos públicos, infraestructuras adecuadas a la población, etc. pero como contrapartida está la enorme dificultad, para algunos imposibilidad, de aprobar un plan, dando lugar a:
a) Documentos desproporcionados, de enorme coste económico,
b) Análisis más de detalle
c) Exigencia por los técnicos de las administraciones públicas que a veces desembocan en proposiciones contrapuestas entre sí,
d) Procedimientos más largos
e) Una mayor fragilidad y vulnerabilidad jurídica de los planes.  

Desde mi punto de vista, si se quiere simplificar y agilizar la tramitación de los planes urbanísticos es necesario que se rebajen las exigencias de las administraciones sectoriales para con estos planes. A los planes debe exigírseles que se centren en su función, es decir, el urbanismo, básicamente establecer una ordenación del suelo con las determinaciones y el régimen jurídico urbanístico aplicable a los diferentes ámbitos que se delimiten, con un análisis suficiente pero no pormenorizado del resto de aspectos sectoriales a los que afecta, de modo que no sea necesario realizar los profusos estudios que se proponen y se libere al plan de esta carga. Las administraciones públicas informantes, mediante guías u otro tipo de normas de las denominadas “soft law”, deberían establecer clara y sencillamente esos contenidos mínimos y los criterios con que se van a evaluar en los informes que se soliciten en el procedimiento urbanístico. Serían los técnicos de las administraciones públicas los que a la vista del documento del plan establecieran, si fuera necesario, las condicionantes necesarias para su funcionalidad desde el ejercicio de sus competencias y establecer estas desde una visión práctica y eficaz. Todo ello sin perjuicio de que, si fuera necesario, posteriormente, una vez aprobado el plan, cada órgano de la administración competente por razón de la materia realice estos estudios, planes, programas o proyectos más detallados y específicos de carácter sectorial. Ello pasaría por la modificación de las normas, por la elaboración de guías de buenas prácticas de cada uno de los sectores y por una formar de trabajar diferente desde la Administración.      

Aprobado el plan es necesario adoptar medidas que fortalezcan la seguridad jurídica en su ejecución. Con ello se trataría de evitar que 10 años después de su aprobación pueda recaer una resolución judicial que ponga en cuestión todo lo realizado al amparo del planeamiento y que pequeños vicios formales (como un informe desfavorable por silencio administrativo en materia de agua en el momento de la aprobación del plan seguido de un informe expreso favorable de las administración hídrica competente al poco tiempo de su aprobación o la falta de un informe expreso de costas, con subsanación posterior a la aprobación mediante la emisión del informe favorable) determine la absoluta nulidad de todo el plan y tirar a la basura todo el esfuerzo económico y el trabajo realizado, además del caos que se genera por la situación fáctica y jurídica materializada.

Pienso que algunas de las medidas podrían ser:
a) Una interpretación de la naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento, acorde con la mantenida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los años 80 y 90 del siglo XX, de forma que pequeños defectos formales no determinen la nulidad absoluta, radical y, como he leído recientemente, radioactiva del plan.
b) La limitación temporal de la impugnabilidad indirecta de los planes, evitando que por esta vía puedan ser permanentemente puestos en cuestión.
c) La limitación de la legitimidad para participar en el proceso judicial, en incidente de ejecución de sentencia, a quienes hayan sido parte en el proceso, limitando la aplicación de la acción pública urbanística en este punto. Quien no intervino en el proceso judicial en el momento de su inicio tendría precluído su derecho de intervenir en un incidente de ejecución de una sentencia que es el resultado de un procedimiento en el que no ha intervenido.

Estas medidas pueden precisar alguna modificación legislativa, estúdiese y si se llegan a las mismas conclusiones hágase.

Algo hay que hacer para superar la situación en la que encuentra el urbanismo, darle la vuelta a la tortilla. Es necesarios que los planes sean, sobre todo, instrumentos de planeamiento urbanístico, y no, como he dicho antes, un "wikiplan", y que se conviertan en documentos estables, fáciles de aprobar y difíciles de derogar. De lo contrario nos encontraremos que nuestros municipios seguirán ordenados por instrumentos de planeamiento cada vez más obsoletos y alejados de la realidad territorial, ambiental, social y económica.