El mundo es una esfera de cristal
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(Pablo Neruda)
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jueves, 13 de febrero de 2020

LA REDUCIDA DISCRECIONALIDAD EN LA CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.


Cuando vamos a ordenar un nuevo suelo urbanizable, o de expansión urbana, desde el inicio, es decir, desde la clasificación del suelo como tal, pasándolo de no urbanizable a urbanizable, surge la cuestión de cuáles son los límites del planificador, hasta dónde alcanza el “ius variandi”, para esta clasificación. Especialmente surge la duda sobre cuánto suelo se puede clasificar como urbanizable y dónde, en qué terrenos del término municipal, se puede realizar. Es importante tener en cuenta que la clasificación del suelo urbanizable tradicionalmente ha sido, y en la actualidad sigue siendo, discrecional.  

Pero el margen de discrecionalidad para la clasificación de suelo urbanizable ha ido evolucionando. Su acepción más amplia la encontramos en la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y Valoraciones. El apartado 2 de su exposición de motivos es evidente en este sentido al señalar: 

“La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado.”

Y consecuentemente el artículo 10 de esta ley considera suelo urbanizable:

“EI suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideraci6n de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislaci6n urbanística y el planeamiento aplicable.”

Por el contrario, esta discrecionalidad se ha reducido a su mínima expresión a partir de la legislación de suelo de 2007 y de la legislación de evaluación ambiental de 2006.

La exposición de motivos de la primera de las leyes citadas señala:

“Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente.”

En consecuencia, el artículo 10 de esta ley establece:

“Las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural.”

Por lo tanto, vemos que, en la actualidad, desde un punto de vista cuantitativo, solo se debe clasificar como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen e impedir la especulación.

 Alguna pista sobre este límite cuantitativo la tenemos en la Disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2015, que establece:

“Disposición transitoria cuarta.  Criterios mínimos de sostenibilidad.

Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.”

También en este sentido los tribunales de justicio han anulado la ordenación de suelos urbanizables por exceder en la superficie a transformar urbanísticamente de las necesidades razonables del municipio, Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2016 y 9 de diciembre de 2015, entre otras. 

Son las comunidades autónomas las que, a través de su legislación urbanística o de instrumentos de ordenación del territorio, deben establecer estos límites. En el caso de la Comunidad Valenciana es su Estrategia Territorial la que fija los límites de crecimiento del suelo urbanizable para cada municipio en función de parámetros de dimensión, usos, población, etc. Siendo el resultado de la aplicación de este criterio de crecimiento vinculante a los efectos de aprobación de un plan urbanístico.  

Desde un punto de vista cualitativo, también son las comunidades autónomas las que deben fijar los criterios de ubicación y ordenación del suelo urbanizable. No obstante, existen lugares comunes, ya profundamente asentados en el urbanismo, en su mayoría amparados en el principio de ordenación urbanística y territorial sostenible, que han hecho que estos límites se generalicen. Así el paisaje y la infraestructura verde como limitadores de ámbitos donde planificar nuevos desarrollos está plenamente consolidado. Los criterios de ciudad compacta frente a diseminados urbanos en las periferias; la diversidad o mezcla de usos en los ámbitos urbanizados y a urbanizar; la densificación de las poblaciones; la movilidad sostenible, incidiendo en la proximidad de servicios, lugares de trabajos, espacios de ocio y lugares urbanos de uso diario común; y otras determinaciones relacionadas con un mejor aprovechamiento de los recursos, un menor gasto energético, mayor calidad de vida y la cohesión social, teniendo en cuenta los sectores minoritarios de la población, son criterios que condicionan intensamente la ordenación urbana de los nuevos ámbitos de crecimiento, tanto en su ubicación como en los uso y otros parámetros y estándares urbanísticos.

Por último, es necesario recordar que, de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental estratégica, en la elaboración de los planes, se deben considerar varias alternativas ambiental y técnicamente viables, y solo la mejor de ellas será la que resulte seleccionada por la administración urbanística para su aprobación definitiva.
A la vista de todo lo anterior solo queda concluir que las administraciones urbanísticas tienen un escaso margen de discrecionalidad para la ordenación de nuevos suelos urbanizables y que, aplicando los criterios de ordenación del territorio establecidos por la legislación urbanística y por los instrumentos de planeamiento supramunicipal, son escasas las alternativas de ordenación que puede evaluar el municipio, de las cuales solo la mejor debe ser objeto de aprobación definitiva.

domingo, 20 de noviembre de 2016

LEY DE LA HUERTA, UNA NORMA PARA LA ORDENACIÓN DE UN TERRITORIO DE ESPECIAL VALOR AGRARIO

Transitar por la huerta de Valencia, a pie, en bici, a caballo, incluso en coche, evidencia que nos encontramos ante un espacio singular, casi único, solo existen cinco ámbitos similares en el resto del mundo. La singularidad de esta huerta es evidente,  su valor agrario, económico, cultural y paisajístico aparece inmediatamente en cualquier aproximación que hagamos a ella. La existencia de estos valores hace que las Administraciones Públicas deban adoptar medidas para su protección y mantenimiento. Ahora bien, la acción pública ha tener en cuenta que la huerta no es un monumento, ni un elemento territorial estático, inerte o fosilizado, al contrario, es una realidad dinámica y cambiante que resulta configurada por la vida de los vecinos de los municipios en que se conforma y que sin estos vecinos y, especialmente, sin los agricultores acabaría por desaparecer. De ahí gran parte de la dificultad de esta protección. 

Hasta ahora eran los planes urbanísticos los que establecían la protección de estos terrenos agrarios. Normalmente recibían la clasificación de suelo no urbanizable protegido y se ordenaban usos y construcciones a realizar, permitiendo, limitando y prohibiendo obras y actividades, en función de sus características. La protección urbanística parece insuficiente desde un doble punto de vista, por una parte es constante el proceso de ocupación progresiva de la huerta por las transformaciones urbanísticas, al menos así lo manifiestan estudios que se han realizado sobre el particular, por otra parte se trata de una protección estática, es decir, no fomenta ni incentiva la actividad agraria que, no olvidemos, es causa de los valores que alberga. 

La Generalitat Valenciana ha tomado la iniciativa en la protección de este espacio. Para ello ha elaborado un anteproyecto de Ley de la Huerta y ha retomado la tramitación de un Plan de Acción Territorial cuyo objetivo es precisamente la huerta de Valencia. Tanto la Ley como el plan contienen disposiciones y determinaciones encaminadas a la ordenación de este espacio desde un punto de vista del territorio y del urbanismo y medidas dirigidas a apoyar e impulsar la actividad agraria. Se puede discutir si es necesaria una Ley o basta con el Plan de Acción Territorial, se puede discrepar del ámbito delimitado e incluso de la eficacia de las medidas planteadas, pero lo cierto es que se está dando un paso adelante para mantener algo que estaba en claro retroceso. 

El anteproyecto de la ley de la huerta hace un tratamiento interesante desde el punto de vista de la ordenación territorial y urbanística de este espacio. Se realiza un planteamiento que podría ser modelo a la hora de abordar el tratamiento territorial de otros ámbitos. Antes que nada hay que tener en cuenta que la huerta es un ámbito complejo en el que concurre una gran población, entorno a un millón de habitantes, con una fuerte movilidad entre las poblaciones, y tráfico pesado por la cercanía de puertos y aeropuerto de primer nivel internacional, además del potente mercado que genera la población y la actividad económica existente. De ahí la importancia de un adecuado tratamiento por el planificador y el especial interés que el legislador deja traslucir en la forma de hacer las cosas. 

Tras dedicar unos artículos a las disposiciones de carácter general y a los elementos que configuran la huerta, se refiere al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia y, en primer lugar, regula la infraestructura verde, indicando que aquellos espacios que reúnan determinados valores deben formar parte de esta infraestructura. Lo que obligará al planificador, a la hora de elaborar el plan, a identificar desde el principio esta infraestructura. Identificar la infraestructura verde al inicio tiene toda la lógica, pues de este modo  se obtiene el conocimiento de aquellos terrenos en los que concurren valores relevantes y cuales son, antes de adoptar decisiones sobre la ordenación del territorio. En este caso, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos, la infraestructura verde debe tener como referencia la actividad agraria y el uso público que este espacio alberga. 

En segundo lugar, y directamente relacionado con la infraestructura verde, la Ley le indica al planificador que debe atender al paisaje como elemento fundamental de este entorno. Y dirige su atención a elementos esenciales en la configuración del paisaje agrario, diferente de otros paisaje de nuestra Comunidad: las trazas del suelo agrícola, la red de caminos, la red de acequias, los itinerarios peatonales, el tratamiento de lo bordes urbanos, la incidencia de las ciudades sobre la huerta. También refiere los criterios paisajísticos de las edificaciones, tanto existentes como de nueva implantación, que han de ser objeto de especial análisis. Es decir, sin perjuicio de otros elementos propios del paisaje, el legislador preceptúa aspectos que han de incluirse de forma específica en los documentos de paisaje que se elaboren.     

En tercer lugar, se establecen medidas para la protección del medio ambiente, quizá quepan más de las que se preceptúan, o puedan desarrollarse de forma más pormenorizada, pero metodológicamente, lo importante es que, identificada la infraestructura verde y el paisaje, el plan debe establecer medidas para dar un tratamiento adecuado a aquello que ha considerado que tiene un valor significativo, relevante en la conservación de la huerta. 

Con la infraestructura verde y con el paisaje ya se puede tener una idea real del ámbito a ordenar, quizá debería haberse ampliado este análisis con las infraestructuras tradicionales que tienen incidencia en la huerta y establecer criterios respecto de su tratamiento para una mejor integración con la huerta. El anteproyecto de ley lo hace pero un poco más tarde. Particularmente considero que, metodológicamente sería mejor abordar las infraestructuras tradicionales (o grises) antes que los usos. De este modo, antes de definir los usos, se tienen perfectamente identificados los elementos existentes que pueden condicionar la ordenación, tanto los naturales y territoriales (infraestructura verde y paisaje) como los más artificiales y también territoriales (infraestructuras tradicionales, incluyendo elementos de la urbanización). 

La Ley se aplica a los suelos que se encuentran en situación básica rural (en la terminología de la Ley del Suelo del Estado) y por lo tanto de aquellos que no están urbanizados ni consolidados por la edificación, con independencia de la clasificación urbanística que asigne el plan a los terrenos. El anteproyecto de ley entiendo que también debería regular a continuación todo lo relativo al régimen de la zonificación y usos del suelo y relegar a artículos posteriores el régimen del suelo agrario infrautilizado, que es una cuestión claramente agraria más que de ordenación del territorio y urbanismo. De esta forma la regulación quedaría más clara y sería metodológica y sistemáticamente más correcta.  

La norma diferencia entre los suelos agrarios y los espacios naturales. Los segundos se regirán por la normativa ambiental que les sea de aplicación. En los suelos agrarios, el uso principal, como no podía ser de otra forma, es el agropecuario. Es este uso agropecuario y sus valores los que determinan la zonificación del suelo, de modo que cuanto mayor valor agrícola alberga el terreno más restricción debe establecer el planeamiento respecto de la compatibilidad de otros usos que no son propiamente agrarios. Y si los terrenos tienen menor valor agrícola admiten más usos complementarios. El texto normativo establece un régimen especial para aquellos suelos en que existen áreas de huerta degradada y cuya recuperación precisa inversión económica significativa, en estos casos el planeamiento podrá delimitar lo que se denomina “sector sector” o “enclave huerta”, figuras que, mediante la integración de medidas urbanísticas y agrapecuarias, pretende fomentar la regeneración agraria de estos ámbitos degradados, sin perjuicio de reconocer una espacio minoritario para su edificación. Una novedosa figura que merece su análisis específico en otro momento. 

En definitiva, la Generalitat ha tomado la iniciativa para la ordenación y dinamización de un espacio singular y de alto valor como es la Huerta de Valencia y para ello esta elaborando un ley ad hoc que prevé un plan de acción territorial específico en cuya elaboración plantea una metodología que es adecuada para la ordenación de este espacio complejo y debería servir de referencia para la elaboración de otros muchos instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos.