El mundo es una esfera de cristal
el hombre anda perdido si no vuela
no puede comprender la transparencia
(Pablo Neruda)

martes, 2 de abril de 2019

OCUPACIÓN DIRECTA, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

La ocupación directa es una técnica urbanística que permite la obtención por la Administración de terrenos privados que el planeamiento urbanístico califica como suelo dotacional público, la Administración adjudicará al propietario, en un futuro proyecto de reparcelación, unos terrenos de valor equivalente al que es ocupado y, además, le paga a éste una indemnización por el tiempo que media entre la efectiva ocupación del bien y la adjudicación de los nuevos terrenos en el proyecto de reparcelación.
Esta forma de gestión urbanística está regulada, con carácter general, en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Según este precepto, para que la ocupación directa pueda tener lugar es necesario que se produzcan una serie de circunstancias:
a) Los terrenos objeto de la ocupación directa han de estar calificados como suelo dotacional público.
b) Los terrenos que se adjudicarán al propietario deberán incluirse o deberán estar incluidos en un instrumento que permita su adjudicación al propietario (en un proyecto de reparcelación).
c) En este instrumento (proyecto de reparcelación) debe recogerse a favor del propietario la adjudicación de terrenos por valor equivalente a los que fueron objeto de la ocupación.
d) Debe indemnizarse al propietario por el tiempo que media entre la ocupación y la adjudicación de los nuevos terrenos de acuerdo con el artículo 112 de la LEF.
Las Comunidades Autónomas deben completar la regulación de esta figura. En mi opinión debería establecerse como requisitos de esta ocupación directa, al menos, la determinación a favor del titular del derecho al aprovechamiento, la identificación de ámbito en que este se materializará y, al menos, la ordenación pormenorizada ya aprobada de este ámbito, acreditando que ese derecho de aprovechamiento se va a poder materializar en él.
Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que se trata de una técnica de gestión urbanística en los términos que ya he indicado, comparte elementos propios de la expropiación y por ello se diferencia de otras técnicas urbanísticas e incluso se debate sobre su naturaleza (en este sentido sentencia 183/2013 del Tribunal Constitucional, de 20 de noviembre, FJ 5). El propietario de los terrenos objeto de la expropiación no puede elegir, está obligado a ceder. La ocupación directa implica una medida ablatoria y coactiva, es decir, hay una transmisión coactiva de la titularidad dominical, en la que el precio no se obtiene en el momento de la ocupación del bien y este precio no es una indemnización dineraria, sino la adjudicación al propietario ocupado de un aprovechamiento urbanístico (STC 61/97 FJ 29 a).
La ocupación directa, bien empleada, en mi opinión, es muy práctica cuando la Administración necesita adelantar la implantación de un equipamiento o dotación prevista en un plan urbanístico a la efectiva ejecución del mismo. Si hace falta un hospital y existe un suelo cuyo destino en el planeamiento urbanístico es una dotación pública sanitaria, se adelanta su obtención por la Administración mediante la ocupación directa, sin necesidad de esperar a que se le ceda en el momento en que el ámbito urbanístico en que está se desarrolle urbanísticamente, pudiendo adelantarse de este modo el inicio su construcción. La Administración con ello satisface una necesidad pública que beneficia a toda la sociedad, sin perjuicio de pagar una indemnización al propietario por este adelanto. El propietario obtiene una compensación monetaria por la pérdida adelantada de su propiedad y la obligación de que la Administración le asigne terrenos de valor equivalente en un ámbito de desarrollo urbanístico determinado cuando se apruebe la reparcelación correspondiente. De este modo se evita una situación nada eficiente. Efectivamente, sin ocupación directa, por una parte, se tardaría más en la construcción de la dotación pública necesaria y, por otra, se produciría una expropiación de los terrenos del hospital que daría lugar a que la Administración, como habría obtenido los terrenos y el aprovechamiento del suelo expropiado, se incorporara a la reparcelación como un propietario más y se adjudicara los terrenos que como tal le corresponderían en la reparcelación. Terrenos en los que no tiene interés y que acabaría enajenándolos.
Hasta aquí todo bien. Si las cosas se hacen bien la ocupación directa es un mecanismo urbanístico que supone una solución para las necesidades de la Administración y la sociedad.
El problema viene cuando los sectores, los polígonos, la actuaciones integradas o las unidades de ejecución donde debe materializarse el aprovechamiento de los propietarios afectados por la ocupación directa no se desarrollan urbanísticamente, en concreto, no se aprueba el proyecto de reparcelación. En estos casos, los propietarios ya no tienen su terreno inicial porque ha sido “ocupado” por la Administración de forma forzosa, pero tampoco tienen los terrenos de valor equivalente en el ámbito urbanístico que al formalizar la ocupación se haya identificado a tal efecto. Existe la compensación prevista en la legislación de suelo del Estado por el adelanto, pero si el tiempo para otorgar los nuevos terrenos se alarga o no llega, parece que esa compensación no es suficiente por la privación de los terrenos.
Esta circunstancia es más habitual de lo que parece, especialmente cuando se crean ámbitos de desarrollo urbanístico no para satisfacer las demandas de determinados tipos de suelo de la población, sino para obtener suelo con cargo a dichos desarrollos, sin tener en cuenta las posibilidades de gestión de ese suelo. Como era previsible, la dotación pública, que sí era necesaria, se habrá ejecutado, y lo será sobre los terrenos de propietarios que han tenido que ceder obligatoriamente, a cambio de un  aprovechamiento en unos terrenos que no se han reparcelado, ni es previsible que se reparcelen. De forma que estos propietarios, que se han visto metidos en esta operación de ocupación directa de manera forzosa, se encuentran sin su propiedad original y sin la nueva propiedad prometida. Tienen un aprovechamiento urbanístico (inmaterial) que no pueden materializar.
Lo mismo puede ocurrir cuando se ha asignado el aprovechamiento del suelo “ocupado” a una unidad de ejecución sin comprobar que tiene exceso de aprovechamiento para hacer viable el aprovechamiento que se le asigna. Cuando se vaya a materializar el aprovechamiento en la reparcelación se verá que no es viable. O cuando se asigna el aprovechamiento a una unidad de ejecución inexistente, pendiente de una futura modificación puntual o de la revisión del Plan General, y por las diferentes vicisitudes que ocurren en la tramitación nunca llega a aprobarse, o una vez aprobada es declarada nulo por una sentencia.
Para estos casos el legislador, en el TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación (y en legislación urbanística en general), reconoce al propietario una doble garantía, por una parte, como ya hemos visto, el propietario que ha sido “ocupado” tiene derecho a percibir una indemnización por ese periodo de tiempo en que no tiene ni la nueva propiedad ni la anterior, y por otra, si en el plazo de 4 años no se ha aprobado el proyecto de reparcelación, puede advertir a la Administración de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio y si transcurridos seis meses la Administración no actúa en ese sentido, puede iniciar el procedimiento de expropiación por ministerio de la ley mediante el envío a aquella de la correspondiente hoja de aprecio.
El problema se acrecienta cuando la Administración, confiada en la obtención de los terrenos por gestión urbanística, se da cuenta de que la gestión del suelo no va a tener lugar, por alguno de los motivos a que me he referido u otros, y se ve con esta expropiación por ministerio de la ley sin tener créditos presupuestarios para hacer frente a la indemnización que se le viene encima.
La consecuencia es que se adoptan medidas “in extremis”, como la del legislador urbanístico valenciano, que ha establecido la suspensión de los plazos tanto de la expropiación por ministerio de la ley de los terrenos, como de las reservas de aprovechamiento, hasta 2020. En parecidos términos el legislador catalán.
No tengo claro que la suspensión de la expropiación rogada que parece establecer el legislador valenciano respecto de las reservas de aprovechamiento sea aplicable cuando dichas reservas se derivan de una ocupación directa. Por una parte, porque entiendo que se trata de una competencia estatal según el artículo 48 del TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y, por otra, porque el artículo 107 de la ley valenciana, en su apartado 2, dice que “la aplicación de esta modalidad de obtención de terrenos dotacionales deberá ajustarse al procedimiento que se determine en la legislación urbanística”, con lo que debe entenderse que el legislador está pensando en otra ley que no es la LOTUP, pues sino habría hecho una remisión al artículo 104, como ha hecho muchas remisiones a otros artículos sobre otras materias. Tampoco me parecería justo que a quien se le ha privado de un bien ocupándolo forzosamente, después de transcurridos cuatro años sin obtener el bien sustitutorio que se le debe entregar en pago de la ocupación, vea demorado el pago de este precio por una suspensión legal de plazos.
En el caso de Cataluña, el Tribunal Supremo no ha considerado la aplicación de la suspensión de los plazos a que nos referimos en la ocupación directa, en este sentido la Sentencia 1154/2018 del Tribunal Supremo de 9 de julio.
La solución debió ser preventiva y, antes de actuar, se debió valorar más las consecuencias de la aplicación de esta técnica urbanística. La solución correctiva la desconozco, pero creo que los propietarios, que nada han hecho para verse en esta situación, no deben ser los perjudicados por este problema que no han creado ellos.

jueves, 21 de marzo de 2019

Criterios y reglas para la planificación desde la perspectiva de humanidad o de género (2). La Red de Espacios Comunes.

Decía en la entrada anterior que el urbanismo desde la perspectiva de género también puede referirse como el urbanismo para las personas. E indicaba los principios generales que, en mi opinión, de acuerdo con la legislación urbanística valenciana rigen este urbanismo: proximidad, complejidad, compacidad, mezcla social, movilidad sostenible, accesibiliad, integridad, transversalidad.

Uno de los elementos esenciales en el urbanismo desde la perspectiva de género es lo que el legislador valenciano denomina “Red de Espacios Comunes”, también llamada, con un carácter muy descriptivo, “Red para la Vida Cotidiana”. Esta red de espacios está compuesta por nodos y por conectores, y actuaría al modo de la infraestructura verde, es decir, como un conjunto de espacios de la ciudad con valores, en este caso de género o humanidad o sociales, que están unidos por unos conectores, que también deben tener unas determinadas características, como ahora veremos. Todo ello acorde con los principios ya referidos que rigen esta forma de hacer urbanismo.

1. Elementos de la Red de Espacios Comunes o Red para la Vida Cotidiana.

Los espacios que integran la Red de Espacios Comunes recogida en el anexo XII de la Ley 5/14 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), tras su modificación por la Ley 1/19, son los siguientes:
a) Jardines, plazas y espacios libres: son espacios para la socialización y convivencia, por lo que en su diseño debe pensar en su aptitud para cumplir con esta función asignada a estos lugares de la ciudad. No se trata solo de las tradicionales zonas verdes en sus diferentes tipologías, también se incorporan a este tipo de espacios lugares de paso, tránsito o comunicación, cuyo diseño, por las dimensiones, iluminación, visibilidad y mobiliario urbano, ha de facilitar esta perspectiva social. Así se habla en el anexo de chaflanes, esquinas o aceras anchas, sitios tendrán la doble función de nodo (lugar de encuentro, conversación, recreo, juego, etc) y conector (desplazamientos a otros nodos o partes de la ciudad) al mismo tiempo. 
b) Los equipamientos de uso diario: son espacios que las personas o determinados grupos de personas usan a diario, como tales se refieren los centros educativos de cualquier nivel, los centros o lugares destinados a personas mayores, los centros de salud, los centros sociales, los centros culturales, los centros deportivos, los edificios de la Administración, y en general aquellos recintos que permiten el desarrollo la vida diaria y las rutinas de todos los segmentos de la población. Teniendo especial trascendencia, a la hora de ordenar estos espacios, la perspectiva de género y de la diversidad funcional.
c) Los comercios y servicios cotidianos: son lugares que proporcionan productos básicos para la alimentación, el cuidado del hogar y del núcleo familiar. A diferencia de los anteriores, que muchas veces tienen carácter público, sin perjuicio de que puedan haber algunos de titularidad privada, en este caso se trata de equipamientos de carácter esencialmente privados: panaderías, fruterías, pescaderías, zapaterías, droguerías, farmacias, librerías, abogados, gestores, peluquerías, etc. En este caso, especialmente importante será una buena zonificación y el diseño y la ordenación de las tipologías edificatorias y de manzana para permitir que este tipo de usos puedan implantarse fácilmente en las diferentes zonas.  Al no ser público no queda garantizada su implantación, pero la ordenación urbanística debe favorecer esta posibilidad, hacerla atractiva para que sea efectiva y evitar fenómenos como los que han venido a denominarse “gentrificación alimentaria” o “desiertos de productos frescos”.
d) Otros espacios de uso cotidiano: se abre un cajón de sastre en la ley para incluir lugares como los habilitados para la gestión de residuos, para animales de compañía, incluso el mobiliario urbano, respecto de los que exige que su diseño sea inclusivo.

Todos estos espacios necesitan estar conectados entre sí en forma de red, por lo que la ley a través de los viales, y a mi entender, el transporte público, establece el deber de articular un tejido que comunique en primer lugar los espacios del barrio y, además, el resto de los ámbitos urbanos, incluyendo las áreas periurbanas.

2. Criterios para la ordenación de estos espacios en el Plan.

El legislador valenciano sigue avanzando en la implementación de la perspectiva de género en el urbanismo. Con tal fin, se establecen a lo largo de este anexo XII de la LOTUP una serie de criterios y normas que el planificador ha de plasmar en el instrumentos urbanísticos al planificar estos espacios:
a) El ámbito de planificación de esta red ha de ser preferentemente el barrio o una unidad morfológica y poblacional de características particulares, que lo identifiquen y diferencien. En mi opinión, no se debería renunciar la definición y conexión de los espacios comunes de toda la ciudad, en función de sus características. Habrá elementos de la red que serán de ámbito ciudad (por ejemplo un hospital, una universidad, un pabellón polideportivo o una piscina olímpica) y otros que serán de barrio (una guardería o un colegio, un centro de salud, o una cancha de baloncesto o fútbol sala). Como veremos esta diferencia de escala es una cuestión que, en mi opinión, el legislador no ha tenido en cuenta, pero que el planificador debería incorporarla a la ordenación.
b) La ordenación de estos espacios y de los conectores se define como estructural, al igual que en el apartado anterior, entiendo que no debe ser así. Habrá elementos de la ordenación estructural, es decir, aquellos que tengan incidencia en la ordenación y funcionamiento de la ciudad o del núcleo urbano de que se trate (espacios comunes estructurales, primarios o generales) y otros que afectarán al ámbito más local o sectorial del barrio, o área funcional en que se implanten (espacios comunes pormenorizados, secundarios o locales).
c) Las normas urbanísticas deben fijar unas condiciones mínimas aplicables a los proyectos de urbanización y de obra pública.
d) Se concreta el principio de proximidad, estableciéndose que la ubicación óptima es la que permite el acceso a cada espacio común desde una distancia máxima de diez minutos caminando sin dificultad desde cualquier punto del barrio. Creo que es muy acertado medir la proximidad a lugares públicos o de comercio de uso diario en minutos andando, mejor que en metros, porque las barreras en la ciudad pueden hacer que lo está a pocos metros pueda estar a bastantes minutos. Pero creo que debería establecerse una gradación en función del tipo de equipamiento de que se trate. Por ejemplo, no puede ser la misma exigencia de proximidad para una guardería que para un instituto o una universidad. Aquellas deberán estar mucho más próximas que estos últimos. Asimismo, el plan debe disponer de espacios de estar y de relación vinculados a la red de peatones cada trescientos metros, entiendo que son zonas verdes, plazas y calles que permitan estas actividades de relación.
En cualquier caso, aparece un nuevo concepto de estándar dotacional, vinculado no a los metros cuadros edificables o de suelo sino a la población y a la distancia medida en minutos.
e) La movilidad sostenible se concreta en la planificación de diversos modos de transporte, el motorizado, con especial referencia al transporte público, y el no motorizado, peatonal y ciclista. Se ha de fomentar y fortalecer los recorridos a pie, que han de ser seguros y accesibles (iluminados, señalizados y sin barreras). Se deben separar los carriles de circulación de las diferentes modalidades evitando puntos de conflicto. El 75% de la superficie viaria que conforma esta red de espacios comunes o para la vida cotidiana serán viales peatonales y deben suponer, al menos, el 60%  de los viales de todo el barrio. Asimismo, en cada vial, elementos no propios del vial no podrán ocupar más del 50% del espacio para peatones ni más del 30% del espacio de uso de peatones. Así se establecen otros nuevos estándares de calidad para el viario público. 
En orden a la movilidad también se deben prever áreas intermodales de transporte donde en las proximidades existan equipamientos y servicios. Las paradas de transporte serán seguras, estarán iluminadas y serán visibles desde su entorno.
Otro estándar de vialidad que aparece en este anexo y que el planificador tendrá que tener en cuenta al diseñar la ordenación estructural y especialmente la pormenorizada del plan. 

En definitiva, como uno de los elementos básicos del urbanismo desde la perspectiva género, la nueva ley urbanística de la Comunidad Valenciana crea una red de espacios para la vida cotidiana, compuesta por un conjunto de lugares con valor desde el punto de las personas o del género (relación, recreo, asistencial, sanitario, deportivo, alimenticio, de necesidades básicas, ...) unidos por unos conectores que deben ser seguros, accesibles, visibles, señalizados, etc. y dónde además se establecen una serie de criterios y normas de ordenación de estos espacios que deben ser consideradas por el planificación al elaborar los instrumentos de ordenación urbanística.

Me preocupa que esta regulación parece estar pensando en ciudades o conurbanciones, entiendo que de más 50.000 habitantes, pero no se dice nada en el anexo, luego se puede entender que se aplica a todos los municipios. Habrán problemas de imposibilidad material de realización de estas medidas en cascos históricos en general y en municipios de menor tamaño, además de que posiblemente sea innecesario aplicar a estos pueblos de menos población estos criterios o normas de manera íntegra. Habría que dejar margen para el sentido común en estos casos. Ya veremos.

Como se indicaba en la entrada anterior del blog hay que tener en cuenta la perspectiva humana o de género desde el inicio de la elaboración del plan y la norma valenciana establece unos preceptos que han de ser observados en esta tarea con la finalidad de hacer nuestras ciudades más habitables y humanas.

sábado, 9 de marzo de 2019

Criterios y reglas para la planificación desde la perspectiva de humanidad o de género. Principios generales de la planificación urbanística para las personas.

Ante la necesidad de integración de la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico me siento un poco perdido. He leído y estudiado artículos, he ido a alguna conferencia y me he preocupado por ello, pero no acabo de encontrar la clave. No se por qué se llama de género y no logro apreciar la diferencia esencial con las políticas urbanísticas que se regula en la legislación urbanística actual. Creo que no se trata tanto de incorporar la perspectiva de género a la planificación urbanística, que también, como de planificar ciudades más humanas y que las cuestiones que se catalogan como de género ya están, en gran medida, en el urbanismo. Además, y esto tampoco ayuda, las leyes dicen poco y la jurisprudencia se ha quedado, de momento, en aspectos formales.

Sobre si el informe de perspectiva de género en el urbanismo es necesario o no en los planes urbanísticos, en la Comunidad Valenciana ya no hay duda, la Ley 1/19 que modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de esta Comunidad exige que este informe se integre en los planes. Por lo tanto, sí o sí, hay que ponerse al día en esta materia.

Precisamente, para hacer una aproximación a esta cuestión, he tomado como referencia el Anexo XII de esta Ley 1/19,  que tiene por título el de esta entrada: “Criterios y reglas para la planificación desde la perspectiva de género”. Un anexo que no estaba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno Valenciano y que se introduce por los diputados de Les Corts Valencianes durante la tramitación legislativa del texto normativo. La norma le asigna, tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 5/2014 objeto de la modificación, carácter reglamentario y por lo tanto de aplicación general y obligatoria. No se trata de una guía o de una consulta de naturaleza orientativa, sino de una regulación con carácter normativo.

El anexo se refiere en su inicio al urbanismo para las personas, expresión que me gusta más que la de perspectiva de género, porque pienso que es más inclusiva y que responde mejor a este tipo de urbanismo. Y en este inicio del anexo, como en el final del mismo, radica una de las cuestiones más importantes de este asunto, el carácter holístico, integral, que debe caracterizar a esta perspectiva. Desde el inicio hasta el final de las actuaciones urbanísticas, desde que se empieza a pensar en el plan que se va a elaborar, tramitar, aprobar y ejecutar, hasta la finalización de la última obra de ejecución, la perspectiva humana, de género, de las personas a que va dirigida la ordenación del plan, ha de estar presente en todas y cada una de las consideraciones.

Del mismo modo que, como consecuencia de la legislación ambiental más reciente, las consideraciones ambientales han de estar integradas desde las primeras decisiones del plan, como consecuencia de la regulación sobre la perspectiva de género en la legislación urbanística, los aspectos humanos y de género también. Este aspecto del urbanismo ha de formar parte de la metodología de la planificación y gestión urbanística, en el cómo hacer los planes y en el cómo ejecutarlos, si no es así siempre aparecerá este informe como un postizo tardío y desconectado del resto de planificación, como ocurría con los antiguos estudios de impacto ambiental de planes y las declaraciones de impacto ambiental. Por eso nos viene a decir este anexo que en todas las partes del plan y desde todas las perspectivas se han considerar las necesidades básicas de todas las personas (todas las escenas urbanas, todas esferas de la vida, todas las personas).

Principios generales de la planificación urbanística para las personas.

A lo largo del anexo se hace referencia, aunque sin llamarlos así expresamente, a una serie de principios de aplicación de esta perspectiva. El asignar el carácter de principios a distintos aspectos de la normativa significa que han de impregnar toda la regulación y que la interpretación que se realice de los artículos de la ley siempre se ha de hacer teniendo en cuenta y siendo coherente con ellos. Por ejemplo, no vale decir que la mezcla de usos en cada zona urbana es un principio de la ordenación y establecer una ordenación en la que se admitan únicamente usos exclusivos en caza zona. Esta sería una ordenación contraria a ley.

A la vista del anexo, y aunque no los identifique como tales, los principios a los que nos referimos se pueden concretar en:
Proximidad: Los lugares donde se desarrollan los aspectos diarios de la vida cotidiana (hogar, trabajo, escuela, centros sociales, administración, salud, ocio, deporte, ....) deben estar lo más cerca posible unos de otros. Hay que tener en cuenta que la proximidad no solo se mide en metros, también en tiempo.
Compacidad: derivado del principio anterior, se concreta en que es necesaria una ciudad con un tejido urbano denso para que las diferentes zonas de la ciudad donde se realizan las actividades de la vida cotidiana estén lo más próximo posible, cuanto más extensa sea la ciudad menor proximidad hay entre las diferentes partes y usos de la misma.
Complejidad: mezcla de usos, la proximidad es imposible si cada zona urbana tiene un solo uso. Es necesario que los diversos usos estén presentes en las diversas zonas para que puedan estar próximos los unos de los otros. Si el uso terciario solo está en los polígonos terciarios cuando tenga que ir a comprar algo, o al hospital, o a hacer deporte, necesariamente tendré que ir a la zona donde se regule este uso. Si en mi urbanización no hay uso terciario, cada vez que me falte algo tendré que emplear mucho más tiempo en ir a adquirirlo que si estuviera en la misma zona, por no mencionar que tendré que ir en coche, con los efectos nocivos para el medio ambiente que esto también tiene.
Mezcla social: no solo se trata de mezclar usos urbanísticos, sino de mezclar también categorías o grupos sociales evitando la segmentación y los guetos.
Movilidad sostenible: posibilitar, y más que eso fomentar y facilitar, la movilidad peatonal, ciclista y en transporte público. No solo se trata de habilitar recorridos para este tipo de desplazamiento, sino que como consecuencia de la proximidad estos desplazamientos puedan realizarse andando o en bicicleta.
Seguridad: el diseño de la ciudad se ha de hacer bajo parámetros de seguridad. Crear espacios en los que los usuarios se sientan seguros, no tengan temor a que les ocurra alguna cosa, tanto desde el punto de vista de la violencia (agresiones, robos, etc.) como desde el punto de conflictos con otros usuarios de esos mismos espacios (separación de la circulación motorizada o de carriles bici, por ejemplo). Este principio debe aplicarse no sólo en espacios públicos, también en espacios privados de uso común, como jardines, zaguanes, etc.
Accesibilidad:  Los edificios, los espacios e infraestructuras y los medios de transportes han de ser accesibles para todas las personas. Debe considerarse la diversidad funcional de la población para facilitar a todos el acceso a cualquier elemento de la ciudad con igualdad de posibilidades.
Transversalidad: más que a transversalidad el anexo cuando se refiere a este concepto entiendo que es al carácter holístico, total o integral que la implantación de esta dimensión de la persona en el urbanismo tiene y del que hablado antes. Así dice “hay que desarrollarla en todas las escalas políticas, en todos lo programas, planes y proyectos urbanísticos, desde la planificación hasta la gestión, desde la idea hasta su materialización, ...”. Esto más que transversalidad es verticalidad. Transversalidad, a mi entender, y también sería aplicable, es que cualquiera que sea la perspectiva desde la que se aborde la actuación urbanística ha de tenerse en consideración la perspectiva humana o de género: la iluminación, el diseño de los parques, la anchura de las aceras, el tipo de edificios, la asignación de usos, las medidas sobre contaminación acústica, la recogida de residuos, etc.

En mi opinión no se trata de principios nuevos, están presentes en la legislación urbanística vigente, basta con mirar los primeros artículos de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, u otras leyes urbanísticas aprobadas a lo largo de la geografía española, para apreciarlo, quizá en este anexo se detalle un poco más su enunciado. Creo que es esto lo que me lleva a la confusión sobre esta perspectiva de género  en el urbanismo, que en su mayoría son conceptos y regulaciones que, a mi entender, ya existen, y que ahora se les asigna una especie de categorización de especificidad, por lo del género, pero al estar ya presente en la regulación no encuentro la especificidad, la novedad, y me confunde. Sirva de ejemplo: no se la diferencia entre el principio de compacidad del anexo y el del artículo 7.2. Lo mismo podría decir respecto de la cohesión social, complejidad, o proximidad. Dicho lo cual no es que me parezca mal la aplicación de estos principios al urbanismo, es más, me parece necesario, es que no se por qué de un tiempo a esta parte se les clasifica de otra forma.
           
Seguiré avanzando en el análisis de este anexo y de la cuestión relativa a la perspectiva de humanidad o de género en el urbanismo.

jueves, 29 de junio de 2017

Gestión y ejecución de infraestructuras denominadas sistemas sectoriales.

He leído una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016 (STS 2324/2017) sobre una infraestructura que denomina sistema hidrográfico y que excluye del  sistema general urbanístico. La sentencia de instancia y la del Tribunal Supremo llegan a una conclusión que, a mi juicio difiere de la forma en que está aplicando actualmente la gestión y ejecución de estas infraestructuras.  
Se trata de una demanda presentada por un particular contra un plan parcial e indirectamente contra el Plan General de Salou, siendo las partes demandadas el Ayuntamiento y la Generalitat. El objeto del pleito es lo que la sentencia de instancia del TSJC denomina “sistema fisico hidrográfico que ocupa los territorios de los términos municipales de Reus, Vila-Seca, Salou, Castell Vell del Camp y Almoster”. Se trata de un barranco que tiene un problema de la salida natural del agua al mar por la construcción del paseo marítimo, el ferrocarril y la urbanización cuyo planeamiento se impugna, siendo la capacidad de desagüe al mar exigua. El plan plantea el desplazamiento y canalización del barranco. 
Según la prueba pericial la ordenación urbanística lo único que logra es una limitada atenuación del desbordamiento del barranco con sus inundaciones que sigue dándose en zonas urbana. 
Para abordar las obras contra inundaciones los instrumentos de planeamiento impugnados consideraban las infraestructuras como sistema general adscrito al sector del plan parcial, con cargo al cual se debía ceder los terrenos necesarios y asumir los costes de la infraestructura. El TSJC discrepa de esta determinación de los planes impugnados y considera que: 
“...resulta sobradamente claro que nos hallamos lisa y llanamente, no en consideración a un Sistema General en sentido estricto de naturaleza intrínsecamente urbanística que por su objeto y finalidad debe gestionarse con las técnicas urbanísticas, tampoco en obras de conexión a un sistema general o de refuerzo de ese sistema, sino ante un Sistema Hidrográfico que al ordenamiento urbanístico le es obligado contemplarlo como tal a la luz de lo establecido en la legislación sectorial en esa materia -baste la cita del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, y en el ejercicio de las correspondientes competencias autonómicas en esa sede- y en su consecuencia debiendo estarse a su correspondiente régimen de adquisición de terrenos y a su cobertura económica para la realización de las infraestructuras de su razón.”
Un poco más adelante recoge la sentencia del Tribunal Supremo otro texto de la sentencia de instancia: 
“...en el presente caso se forma cabal convencimiento que en sintonía con lo dictaminado y lejos de hallarnos ante la órbita urbanística la sustancial relevancia del caso es hidrográfica de tal suerte que no se llega a alcanzar que tamaña infraestructura deba seguirse y conseguirse por el ejercicio de competencias de gestión urbanísticas municipales y en concreto las urbanísticas que se tratan de hacer valer. 
Constituido el caso como una necesaria obtención de terrenos y el establecimiento de una financiación que se trata de buscar en determinados propietarios por las vías urbanísticas debe resaltarse que el predicado beneficio que representa a los mismos en forma alguna puede alterar esa verdadera naturaleza y ordenamiento aplicable y deberá ser precisamente en el mismo donde haya lugar a seguir los mecanismos de obtención de los correspondientes terrenos respecto a la administración actuante en esa materia -que no en la vía urbanística de cesiones obligatorias, gratuitas y compensadas, vías expropiatorias urbanísticas o vías de ocupación directa de naturaleza urbanística- y a los mecanismos de financiación que procedan.” 
El Tribunal Supremo, en el último párrafo del fundamento de derecho quinto, ratifica la sentencia del TSJC en este punto y señala que: 
“Obvio es que la especiales características de las obras que se consideran en el planeamiento municipal, directa e indirectamente impugnado, así como el carácter plurimunicipal del Barranco, justifican la decisión de la sentencia por cuanto las características de la actuación ---sin perjuicio de su obligada calificación urbanística---, impiden toda posibilidad de decisión municipal afectante al superior sistema hidrológico, resultando, física y jurídicamente, inviable la desconexión de la concreta "actuación municipal", consistente en el desplazamiento y canalización del Barranco de Barenys, a su paso por Salou, de todo el sistema hidráulico del que forma parte, cuyas determinaciones han de imponerse al ámbito del planeamiento municipal.”
Si no lo he entendido mal, de las dos sentencias a que me he referido en los párrafos anteriores, cuando hayan de llevarse a cabo infraestructuras claramente pertenecientes a un sector (en este caso la canalización de un barranco al sistema hidrográfico) que afecten a varios municipios y que tengan una relevancia o envergadura económica o de otras características, estas infraestructuras no tienen la consideración de sistema general urbanístico (red primaria en otras comunidades autónomas) sino son sistemas  sectoriales (en este caso hidrográficos, pero podrían ser ferroviarios, portuarios o energéticos), y al no tener naturaleza urbanística, la obtención de los terrenos y el coste de las obras no puede gestionarse por técnicas urbanísticas si no por ejecución de la Administración sectorial competente, que en el caso que nos ocupa es la del agua.
El artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en relación con sus concordantes del Texto Refundido de 2008 y la Ley de Suelo 2007) a mi entender claramente establece que las infraestructuras necesarias para un determinado desarrollo urbanístico son costeadas por dichas actuaciones urbanísticas. Nada se indica del carácter supramunicipal o sectorial, ni de la cuantía de las mismas. Tampoco parece justificada la exclusión en los términos en las sentencias referidas:
Respecto del carácter supramunicipal y sectorial, hay que tener en cuenta que el órgano que aprueba el plan es autonómico, por lo tanto la Generalitat, a través de sus órganos urbanísticos y ambientales tendrá en consideración los intereses de los municipios afectados. 
Respecto al carácter sectorial, hay que tener en cuenta que, aunque nada se diga en la sentencia, el plan debió obtener el informe favorable de la Administración hidrográfica, que  se pronunciaría con carácter vinculante sobre la ordenación dada en relación con la infraestructura hidrográfica, sin perjuicio de que la autorización del proyecto le corresponderá a esta administración, por lo que no se alcanza a entender el razonamiento de la sentencia para excluir estas infraestructuras de la gestión urbanística estableciendo la competencia exclusiva de la Administración hídrica. 
Tampoco el coste elevado debería ser un óbice para la gestión urbanística de esta infraestructura, pues será el estudio de sostenibilidad económica y el de viabilidad económica los que deben determinar la posibilidad de realizar el sector con esta carga. 
Es posible como indican las sentencias que sea la Administración hídrica la que pueda abordar la infraestructura, pero esto no tiene porqué significar que haya que excluir la gestión urbanística, que podría realizarse como una actuación asistemática por el ayuntamiento o a cargo de la actuación urbanística. 
En mi posible desconocimiento, es la primera vez que oigo la expresión sistema   hidrográfico para referirse a una infraestructura hidrográfica por paralelismo a los sistemas generales urbanísticos. Considero que, por lo dicho, ni la sectorialidad de la infraestructura, ni la plurimunicipalidad de incidencia, ni la envergadura de la obra por los costes u otras circunstancias justifican la exclusión de la infraestructura de la gestión urbanística. Si se confirman las consecuencias que a mi entender se desprenden de estas sentencias, aun más difícil futuro le veo a determinadas actuaciones urbanísticas que exigen grandes obras de infraestructuras. Sirva de ejemplo la actuación urbanística de Chamartín, que debe costear el soterramiento y remodelación de las infraestructuras ferroviarias de esta zona de Madrid. En este caso también el carácter sectorial de la infraestructura (claramente ferroviario), su alcance supramunicipal, (forma parte de la red general ferroviaria española en uno de sus puntos más importantes) y la envergadura de la actuación de entre otros aspectos el económico, también debería quedar excluido de la gestión urbanística.
Insisto en que quizá haya interpretado erróneamente la sentencia, y nada de lo que concluyo sea así, pero si no estoy errado, habrá que estar atento a la confirmación o evolución de esta jurisprudencia (aunque hay una segunda sentencia del mismo día en el mismo sentido) y se si se consolida, es fácil rever que habrá muchas actuaciones que deberán decir adiós a su viabilidad.

jueves, 27 de abril de 2017

La dificultad de la inadmisión a trámite de una solicitud de evaluación ambiental estratégica

La evaluación ambiental estratégica (EAE), frente a la tradicional evaluación de impacto ambiental, incorpora una fase que podríamos denominar previa o de determinación de alcance de la evaluación ambiental. De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental esta fase previa puede tener los siguientes pronunciamientos ambientales: la no admisión a trámite de la solicitud de EAE, la emisión de un informe ambiental estratégico (evaluación por procedimiento simplificado) o la emisión de un estudio de alcance del estudio ambiental estratégico (evaluación por procedimiento ordinario). Me voy a centrar en la primera de ellas: la admisión o no admisión a trámite de la solicitud de inicio de la EAE.
Señala el artículo 18 de la Ley de Evaluación Ambiental que una vez presentada la solicitud de la evaluación ambiental por el promotor ante el órgano sustantivo (es decir, aquel que tiene la competencia para la aprobación del Plan) este comprobará la documentación y la enviará al órgano ambiental (es decir, aquel que va a realizar la EAE). El órgano ambiental, a su vez, comprobará la documentación, y, en el plazo de 20 días desde su recepción, podrá resolver sobre la inadmisión de esta solicitud de inicio. 
La primera cuestión que se suscita es qué ocurre si el órgano ambiental no se pronuncia en este plazo. Nada dice la Ley. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe entenderse que si en este plazo no resuelve la Administración debe considerarse admitida a trámite la solicitud. 
El artículo 18 establece las razones en que se puede justificar la no admisión trámite. Opino que se trata de una relación cerrada, numerus clausus, y que por lo tanto, no caben más razones que justifiquen la inadmsión que las que se indican expresamente en este artículo y que estas deben interpretarse restrictivamente. 
a) La primera razón es si se estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por razones ambientales. 
Una primera dificultad en la utilización de esta razón es el concepto jurídico indeterminado “manifiestamente inviable”. En mi opinión se refiere a casos en que no hay género de duda de la inviabilidad ambiental del Plan, que es evidente, que su detección no precisa ningún esfuerzo ni conocimiento especializado. Hay que tener en cuenta la brevedad del plazo para hacer este pronunciamiento, que no permite ningún estudio, análisis o evaluación en profundidad, ni tampoco permite realización de consultas a los órganos administrativos sectoriales por razón de la materia que pudiera motivar la inviabilidad. La segunda es que solo cabe fundamentar la inadmisión por esta causa en razones ambientales, por ello entiendo que no se puede justificar la inadmisión en motivos de otra naturaleza como la vulneración de la legislación de carreteras, urbanismo, comercio, aeropuertos u otra que no tenga la consideración ambiental. Un supuesto claro podría ser un plan urbanístico que pretende clasificar como urbanizable un ámbito de un parque natural en el que todo el suelo está protegido, o un ámbito afectado por riesgo máximo de inundabilidad. Son casos en que la incompatibilidad de la propuesta de planeamiento es radicalmente incompatible con la legislación y planes del espacio natural afectado o con la legislación del agua. Recordemos que en caso de existencia de algún tipo de duda sobre la viabilidad ambiental de la solicitud procedería la admisión a tramite de la misma, solo la certidumbre de la inviabilidad puede justificar la no admisión a trámite por esta razón. 
b) La segunda razón es si se estimara que el documento inicial estratégico no reúne las condiciones de calidad suficientes. 
En este caso también existe dificultad en la aplicación de este supuesto por el concepto jurídico indeterminado “condiciones de calidad suficientes”. Es cierto que la ley muestra una preocupación por la calidad técnica de los documentos de la evaluación ambiental. Una muestra de ello, además del precepto que nos ocupa, la hallamos en el artículo 16 sobre la capacidad técnica y responsabilidad de los autores de estos documentos. Considero positiva esta exigencia para evitar que se presente cualquier papel y que los técnicos de la Administración tengan que suplir las carencias de la documentación presentada. Pero este interés legal en la calidad de los documentos adolece de una falta de criterios a los que referir esa calidad o ausencia de ella. Esta parquedad en la regulación es especialmente manifiesta en lo referente al documento inicial. Efectivamente, sobre el contenido de este documento únicamente el artículo 18 y el 29 en toda la Ley realizan una escueta enumeración de lo que debe contener este documento, sin ningún tipo de concreción. Ni siquiera existe un anexo como IV respecto del contenido del Estudio Ambiental Estratégico. Esto quiere decir que serán los técnicos del órgano ambiental los que valoren la suficiencia de la calidad de la documentación presentada. Difícil tarea. Al igual que en el caso anterior, sólo en los casos muy evidentes de inintegibilidad o graves contradicciones que no puedan subsanarse mediante requerimiento realizado a tal efecto podrá aplicarse esta razón de no admisión a trámite. Recordemos el carácter restrictivo de la aplicación de estas razones y que la jurisprudencia suele abogar por un principio “pro actione” que limita mucho, en general, las no admisiones a trámite por la Administración. 
c) La tercera razón es si el órgano ambiental ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado. 
Puede ser esta la razón más acotada de las tres, es decir, o se ha inadmitido a trámite o no un plan o se ha emitido o no una declaración ambiental estratégica desfavorable. Aun así debe interpretarse el concepto “sustancialmente análogo” que también alberga un grado de discrecionalidad que en determinados casos puede ser conflictivo. Pero el principal problema de esta razón, desde mi punto de vista, es si incluye o no los pronunciamientos ambientales emitidos antes de la aplicación de la Ley 21/2013. Particularmente no me genera dudas la aplicación en los casos de las memorias ambientales que pudieran concluir en la inadmisibilidad ambiental de un plan por razones ambientales de acuerdo con la Ley 9/2006 que regulaba la evaluación ambiental antes que la vigente. Pero no lo tengo tan claro respecto de los documentos de evaluación ambiental emitidos a planes  basados en la legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, las declaraciones de impacto ambiental de instrumentos de urbanismo y ordenación del territorio, en estos casos se aplicaba la metodología de evaluación de impacto ambiental a la evaluación ambiental de planes. Por una parte pienso que estos documentos fueron objeto de evaluación ambiental y hubo un pronunciamiento de la autoridad ambiental desfavorable por motivos de las repercusiones del plan sobre el medio ambiente, por lo que por el contenido es equivalente a una declaración ambiental estratégica desfavorable, y no parece eficiente volver a evaluar un plan sobre el que ya se ha emitido un pronunciamiento desfavorable. Por otra parte, las recientes sentencias del Tribunal Supremo en esta materia han reiterado las diferencias entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental referida a planes, con el gravoso coste de anular el Plan General u otro instrumento de planeamiento en su totalidad y “ex tunc” que aun habiendo realizado una evaluación de impacto ambiental no se ha sometido a evaluación ambiental estratégica, por lo que siendo considerados cada uno de estos documentos ambientales de una naturaleza tan diferente y teniendo en cuenta el carácter restrictivo con el que ha interpretarse el precepto que nos ocupa, hay que concluir que esta razón no es de aplicación para los pronunciamientos ambientales no adecuados a la Ley 9/2006 o 21/2013. Otra cuestión importante es si hay límite temporal a la aplicación de esta razón, es decir, si transcurridos diez años desde la inadmisión o la declaración ambiental estratégica desfavorable se vuelve a presentar un plan análogo al que motivó estos pronunciamientos desfavorables ¿cabe aplicar esta razón de no admisión del documento inicial?. La duda viene porque el artículo 27 de la Ley de Evaluación Ambiental establece un plazo de vigencia de dos años prorrogables por dos años más de la declaración ambiental estratégica. De modo que, si no se aprueba el plan para el que se ha emitido en estos plazos, la declaración ambiental estratégica pierde su vigencia y la aprobación del plan exigiría el inicio de la evaluación desde el principio. Sin embargo, si se aprueba el plan, la declaración ambiental estratégica, en la medida que queda incorporada a este (artículo 26.1 de la Ley de Evaluación Ambiental), tiene vigencia indefinida. Pero nada dice la Ley de la vigencia de las declaraciones desfavorables a los efectos que nos ocupan. En principio parece que tienen efectos indefinidos, entiendo que salvo que se demuestre que han cambiado las condiciones ambientales que dieron lugar al pronunciamiento desfavorable (aplicando análogamente el artículo 28 referido a las modificaciones de la declaraciones ambientales estratégicas).       
La no admisión a trámite de la solicitud de inicio de la evaluación, aunque por razones tasadas, tiene un gran componente de discrecionalidad en la aplicación de cada una de ellas como hemos podido observar. Esto exige la necesidad de una justificación cuidadosa y detallada de las razones por la que no se admite a trámite, pues esta es la única forma que hay de controlar la legalidad y adecuación a derecho de la resolución. Antes de dictar la resolución, establece la Ley de Evaluación Ambiental, que debe darse audiencia al promotor por un plazo de diez días hábiles e informar al órgano sustantivo. Durante este tiempo se suspende el plazo para resolver sobre la inadmisión a trámite. Parece que el órgano sustantivo no puede hacer alegaciones, solo se le informa, aunque entiendo que si formula alguna consideración al órgano ambiental este deberá tenerla en cuenta al resolver sobre la inadmisión. 
Transcurrido el plazo de audiencia, el órgano ambiental resolverá sobre la admisión o inadmisión de la solicitud de inicio de evaluación ambiental. La inadmisión es un acto administrativo que impide continuar con la tramitación de aprobación del plan (en este sentido el artículo 9 de la Ley de Evaluación Ambiental), por lo que aunque pudiera considerarse un acto de trámite, como la misma declaración ambiental estratégica, la propia ley prevé la posibilidad de interponer recurso administrativo y judicial.
La incorporación de la inadmisión a trámite de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica es positiva, evita la tramitación de solicitudes que desde el principio están abocadas a un pronunciamiento ambiental desfavorable o que carecen de un mínimo exigible para su tramitación. No obstante, la forma en que se ha regulado es muy mejorable, especialmente por la utilización de conceptos jurídicos indeterminados. Asimismo sería conveniente posibilitar aclarar el silencio administrativo en caso de no resolución en plazo, establecer criterios de calidad de la documentación presentada, aclarar la vigencia de la declaraciones ambientales estratégicas desfavorables a los efectos de aplicación de este precepto o posibilitar la consulta, con carácter previo a la admisión o inadmisión a trámite, al órgano u órganos de la administración sectorial competente en la materia que justifica la resolución del órgano ambiental.

lunes, 13 de marzo de 2017

La desclasificación de suelo implícita en la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 9 de diciembre (RDPH), puede tener efectos significativos sobre la ordenación urbanística de determinados municipios. Los artículos 9 y 14, respectivamente,  establecen importantísimas limitaciones de usos en las zonas de flujo preferente y en las zonas inundables que comportan la alteración sustantiva de su régimen urbanístico. 
Las zonas de flujo preferente son las zonas constituidas por la unión de las zonas donde se concentra el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde se pueden producir graves daños sobre las personas y bienes. Las Confederaciones Hidrográficas tienen una cartografía en la que están delimitadas estas zonas. De acuerdo con la modificación del RDPH, en las zonas de flujo preferente, en suelo en situación rural, no se permite la construcción de determinados almacenes, estaciones de suministro de carburantes, depuradoras de residuos industriales, instalaciones eléctricas, residencias para mayores y personas con discapacidad, centros de bomberos, centros penitenciarios, edificaciones que supongan un incremento de la planta de ocupación o volumen de las existentes, acampadas y campings, cerramientos no permeables, granjas e infraestructuras lineales (artículo 9 y 9 bis).
Son zona inundable los terrenos que pueden resultar inundados según estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, las series de avenidas históricas y los documentos o evidencias históricas de la mismas en los lagos, embalses, ríos, o arroyos. Las nuevas edificaciones y usos asociados en suelo rural a la fecha de entrada en vigor de esta modificación del RDPH se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables, estableciéndose condiciones para los supuestos excepcionales en que se pretenda edificar en estas zonas. (artículos 14 y 14 bis). 
La autorización de las edificaciones y usos precisan de informe del organismo de cuenca correspondiente. Para agravar más la aplicación de este nuevo régimen del suelo, el artículo 14 bis.5 incluye este informe en el contenido del informe previsto en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, por lo tanto, el informe no sólo es vinculante, sino que en el caso de no emitirse en plazo se entenderá desfavorable. 
A mi modo de ver, las limitaciones que se plantean en ambas zonas (de flujo preferente e inundables) hacen inviable cualquier tipo de desarrollo urbanístico en las mismas, como se deriva del hecho de que, prácticamente, no se puedan hacer edificaciones, ni infraestructuras, equipamientos o dotaciones urbanísticas. Por lo tanto, aunque no se diga expresamente, en estas zonas no se puede prever ninguna actuación de transformación urbanística de suelo y las previstas no se podrán ejecutar. Siendo ello así, por una parte, el plan debe clasificar estos terrenos como suelo no urbanizable, entiendo yo que protegido por riesgo de flujo preferente o inundación, dadas las limitaciones a la implantación de usos. Por otra, no solo es que no se puede clasificar nuevo suelo urbanizable sobre estas zonas, sino que se produce un cambio de clafisicación urbanística de suelo por aplicación de esta disposición normativa, pasando de suelo urbano o urbanizable a no urbanizable protegido. Si tenemos en cuenta que las limitaciones del RDPH se aplican al suelo en situación básica rural, en el suelo urbanizable y urbano no urbanizado -que se encuentra en situación básica de suelo rural-, no cabe la realización de obras de urbanización ni edificación, por tanto, estos suelos, a partir de la entrada en vigor de esta modificación del RDPH, quedan desclasificados como suelo urbano o urbanizable y clasificados como suelo no urbanizable protegido.  Aunque se diga en el último párrafo del artículo 14.1 del RDPH que la calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica de los terrenos, de hecho y de derecho la ha alterado, pasando de ser suelos urbanos o urbanizables a ser suelos no urbanizables. 
El problema de dictar una disposición de carácter general aplicable por igual a todo el territorio, con independencia de la situación en que se encuentren los diferentes ámbitos afectados, es que genera situaciones de difícil solución y que pueden resultar costosas para la Administración, en este caso entiendo que para el Estado legislador. 
Con situaciones de difícil solución me refiero a varios supuestos que pueden darse. Es cierto que aquellos suelos urbanos o urbanizables que no tienen instrumentos de gestión aprobados (programas, reparcelaciones, …) quedan desclasificados sin graves consecuencias. Pero ¿qué ocurre con los suelos no urbanizados, o sea, en estado básico rural, que sí tienen instrumentos de gestión aprobados, incluso con aquellos que tienen la urbanización no finalizada y no han adquirido la situación básica de urbanizados? Si el ámbito afectado tiene inscrita la reparcelación, pero no se han ejecutado las obras de urbanización, como estas ya no se pueden realizar, ¿qué pasa con la reparcelación? ¿Se debe ir a lo que se está denominando una “reparcelación inversa”?  ¿qué ha previsto el Estado legislador para estos supuestos?.  ¿Y si el ámbito afectado ha iniciado las obras de urbanización? ¿Pueden culminarse? ¿Si se culminan, pueden edificarse? ¿Si no pueden edificarse, para qué culminarlas? Se ha generado otro conflicto, deshacer los cambios jurídicos derivados de la reparcelación (¿“reparcelación inversa”?) y deshacer las obras que en su caso se hubieren realizado. 
Con situaciones que pueden resultar costosas para la Administración me refiero al supuesto en el que el ámbito afectado cuenta con un instrumento de gestión aprobado y vigente, en este caso existe una facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización a que refiere el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que si se ha imposibilitado su ejercicio deberá ser indemnizada, como he dicho, a mi parecer, por el Estado legislador, que ha sido quien ha impedido el ejercicio de esta facultad.  Más caro saldrá si hay que indemnizar el valor de las obras realizadas en los procesos de transformación urbanística antes de que el suelo haya adquirido la condición de urbano y que como consecuencia de las limitaciones reglamentarias no van a poder concluirse, quedando inservibles para su destino. 
Con todo lo expuesto surge, además, la cuestión de si, teniendo las Comunidades Autónomas competencia exclusiva en materia de urbanismo y ordenación del territorio, puede el Estado aprobar un reglamento que establece directamente el régimen urbanístico de amplias zonas de suelo, al menos en la Comunidad Valenciana, y con unas consecuencias urbanísticas tan relevantes como las que hemos visto. En mi opinión, el Estado se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias, y ha sobrepasado la habilitación del artículo 11 de la Ley de Aguas para limitar usos urbanísticos en las zonas inundables, vaciando de contenido la competencia autonómica en materia de urbanismo en estos ámbitos. 
Habría sido mejor, en mi opinión, haber realizado una limitación de usos más genérica y remitirse a los instrumentos de ordenación del territorio o de prevención de riego de inundación de las comunidades autónomas (como el PATRICOVA en la Comunidad Valenciana) para una ordenación más pormenorizada y adecuada a las particularidades de cada territorio. No es lo mismo el riesgo de inundación en Castilla León o Cantabria que en la Comunidad Valencia. El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, sobre esta misma materia, establecía una remisión a la planificación del suelo (art. 14.2) y habilitaba al Gobierno para establecer limitaciones en el uso de las zonas inundables (art. 14.4). Posteriormente, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, sigue regulando esta cuestión, y del artículo 15.1 en relación con el anexo de la norma se concluye que son los planes de gestión del riesgo de inundación, en cada caso, los que determinan entre otras cosas “los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable”.
La remisión a instrumentos de planeamiento o de prevención de riesgos permite adecuar las consecuencias del riesgo de inundabilidad a cada caso concreto y realizar estudios específicos de este riesgo con previsión de medidas correctoras “ad hoc” para dar solución a determinadas situaciones de transformación urbanística iniciada y derechos afectados. 
La modificación reglamentaria de diciembre 2016 a la que venimos refiriéndonos va más allá y establece un régimen de usos para estas zonas uniforme para todo el territorio nacional, sin remisión a plan alguno, y mucho más restrictivo que los reales decretos de 2008 y 2010, con un efecto directo desclasificatorio de suelo. 
El RDPH tras la modificación de 2016 establece un régimen de usos que puede comportar un cambio de clasificación urbanística de los terrenos con posibles efectos en la gestión urbanística y en  la responsabilidad  patrimonial de la Administración ante terceros afectados que he referido y que no se si al redactar la norma se tuvo en cuenta, además del posible conflicto de competencias antes aludido. En mi opinión habría sido más adecuado el establecimiento de un régimen más genérico y una remisión a instrumentos de prevención de riesgos o de ordenación del territorio y establecer la posibilidad de adoptar medidas correctoras que redujeran o eliminaran el riesgo y permitieran, en su caso, la urbanización o edificación al menos en aquellos terrenos que ya contaban con instrumentos de gestión urbanística aprobados.

miércoles, 22 de febrero de 2017

La integración del paisaje en la planificación urbanística

Los sábados por la mañana, si los compromisos deportivos de mis hijos lo permiten, me gusta ir a correr. Busco rutas variadas, a ser posible sin tráfico rodado y donde el entorno sea agradable. Esto me conduce, generalmente, a las afueras de la ciudad, allí donde lo urbano va desapareciendo y emerge lo rural, que en Valencia, casi siempre, es la huerta. Generalmente recorro caminos de la huerta norte, de amplia extensión y bien conservada. Pero la última vez la ruta discurría por la huerta sur, la huerta de Robella, casi desconocida para mi. A diferencia del norte, esta zona es un ámbito bastante degradado, naves industriales abandonadas, campos yermos, sin cultivar, zonas de vertidos incontrolados, viviendas dispersas y muchas de ellas sin ninguna calidad. No obstante, existen determinadas bolsas de huerta bien conservada que permiten vislumbrar un pasado más agrícola, de más calidad, y que da una idea de su potencial agrario y paisajístico. Lo cierto es que el contraste entre la huerta norte y la huerta sur y la futura ordenación de Valencia y su entorno me ha llevado a reflexionar sobre el paisaje y cómo los planes generales urbanísticos deben integrar este factor a la hora de realizar la ordenación urbanística y territorial. 
Desde un punto de vista legislativo, el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), dentro de los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, establece que las políticas públicas en materia de suelo deben contribuir, entre otras cosas, a la protección del paisaje. De este modo, esta norma incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una de las medidas generales que se establecen en el Convenio Europeo del Paisaje, consistente es su integración en la políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 
A la hora de materializar este principio en el campo del urbanismo creo que se debe diferenciar el tratamiento del paisaje en la planificación en función de la situación básica en que se encuentre el suelo. Fijémonos inicialmente en los suelos rurales. El TRLSRU, en el artículo 21, establece qué suelos se encuentran en situacón rural, indicando que es el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización y, añade este precepto, que en esta situación básica de suelo se deberán incluir, como mínimo, entre otros, los terrenos que deban quedar sujetos a protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluidos los paisajísticos. De modo que los terrenos en situación básica rural que tengan valores paisajísicos de relevancia deben ser objeto de una especial protección. Además del TRLSRU, existe un conjunto de leyes sectoriales en las que el factor paisajístico es uno de los elementos determinantes para la protección de un terreno. Por ejemplo, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el artículo 35, establece que los paisajes protegidos son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial. O el artículo 13 de la Ley de Montes, que establece que podrán ser declarados de utilidad pública los montes públicos que constituyan elementos relevantes del paisaje. 
Por lo tanto, siempre que un suelo en situación básica rural albergue valores relevantes o significativos paisajisticos deberá ser objeto de protección, bien por aplicación de la legislación de suelo o por otras disposiciones normativas de carácter sectorial. En este sentido no hace falta recordar el carácter reglado de la protección urbanística de terrenos que alberguen valores especiales, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
En suelo urbanizado es más difícil encontrar disposiciones legales que determinen una  protección paisajística. En la legislación sobre la protección del patrimonio cultural, sí se tiene en consideración el paisaje a la hora de regular la protección tanto de edificios como de entornos urbanos.  Los catálogos de bienes y espacios protegidos establecerán condicionantes del paisaje urbano que serán determinantes en la ordenación de la ciudad, bien sea por ser objeto de protección directa o por estar en un entorno de algún elemento protegido. 
A la vista de lo dicho hasta ahora, tanto en el suelo rural, como en el urbanizado, al realizar la ordenación urbanística es esencial identificar aquellos ámbitos o zonas que merezcan una protección por sus valores paisajisticos. Para realizar esta tarea se debe acudir a documentos sectoriales que puedan establecer esta protección, (por ejemplo, planes de ordenación de recursos naturales, catálogos de montes de utilidad pública, catálogos de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, declaraciones de espacios naturales protegidos o reservas naturales hidráulicas), también los planes de acción territorial pueden incluir espacios con protección paisajística que deben recogerse en los planes generales. 
En el caso con el que he empezado esta entrada, la huerta de Valencia, a fecha de hoy, adolece de un instrumento de planeamiento territorial o sectorial que establezca alguna protección por razón del paisaje. En la actualidad hay en tramitación un plan de acción territorial específico para la zona, donde en la decisión de proteger la huerta se considera, entre otras, la variable paisajística. Asimismo los planes urbanísticos municipales vigentes también califican gran parte del suelo de huerta como protegido por sus valores agrarios. 
En ausencia de estos instrumentos de planeamiento, u otros análogos, que nos indiquen los ámbitos con valor paisajístico a proteger, a quien elabora el plan se le pueden plantear, al menos, dos cuestiones, la primera, cómo identificar los espacios que tienen relevancia por razón del paisaje y que, en consecuencia, deben ser protegidos. En la Comunidad Valenciana la legislación sobre el paisaje regula un instrumento denominado estudio de paisaje cuyo contenido es fundamental en la adopción de estas decisiones. El análisis y la evaluación que se realiza en este documento permitirán determinar si un lugar ha de ser objeto de protección paisajística o no. Una segunda cuestión es si se han de incorporar solo los paisajes con valores significativos exisentes en la actualidad o debe ser objeto de protección los terrenos degradados, pero en los que los valores paisajísticos son potenciales y recuperables. En el caso de la huerta, el plan que está en tramitación ha optado, con carácter general, por incluir, al menos, parte de espacios degradados pero en los que una adecuada gestión puede conseguir la recuperación de estos valores. En este punto se centra gran parte de la conflictividad del plan, nadie o muy pocos cuestionan la oportunidad de proteger la huerta, son más quienes discuten los límites propuestos, unos por excesivamente amplios, otros por reducidos, y muchos de los terrenos a debate son ámbitos que hoy no presentan un carácter de huerta en producción, como los que indicaba de la huerta sur. Ha de ser la memoria del plan la que justifique de forma clara los criterios de protección de estos lugares. 
Más allá del suelo rural a proteger, el paisaje, según el Convenio Europeo de Paisaje, no sólo se refiere a entornos que tengan una cierta relevancia o calidad, sino a todo el territorio, en concreto define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Por lo que la consideración del paisaje en el planeamiento urbanístico y territorial no puede limitarse a aquellos ámbitos que sean objeto de protección. Este planteamiento integral hace, si cabe,  más necesaria la elaboración de un estudio sobre el paisaje del ámbito que se pretende ordenar, en el que se incluyan los suelos con un especial valor paisajístico y, además, se analice y evalúe todo el territorio desde el punto de vista paisajístico. El resultado del estudio de paisaje debe tener un gran peso en la adopción de las decisiones urbanísticas, insisto, no sólo de los terrenos que vayan a protegerse, sino también respecto a qué terrenos preservar de la urbanización, y dónde ubicar los futuros crecimientos urbanísticos. En el caso de la Comunidad Valenciana el estudio de paisaje es el que debe delimitar las denominadas unidades de paisaje en función de las características homogéneas del territorio. Estas unidades han de ser la base para la zonificación tanto rural como urbana y, por lo tanto, para la asignación de clasificación y calificación de suelo. El contenido de este estudio incide en la asignación de usos e intensidades en aquellos ámbitos ya urbanizados o en aquellos que se delimiten para su transformación urbanística (por ejemplo en la ubicación de polígonos industriales, de edificios de una determinada altura, de la integración de las nuevas áreas urbanas con los cascos históricos, etc). Lógicamente, ante la necesidad de transformar nuevos suelos para satisfacer la demanda de diferentes usos en un municipio, aquellos terrenos con un menor valor paisajístico y cuya transformación tenga menos incidencia en el paisaje serán más propicios para su clasificación como suelo urbanizable.   
El paisaje no será el único factor ambiental que incide en la ordenación, recordemos que los planes están sometidos a evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica precisa de la realización de un estudio de alternativas. En cada una de ellas se debe realizar un análisis de todos los factores ambientales, además de los económicos y sociales, para seleccionar adecuadamente la alternativa más sostenible. En este estudio de alternativas y en la evaluación y selección de la que resulte propuesta debe jugar un papel importante el paisaje, tal y como resulta de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, en el que tanto el contenido del documento de inicio como del Estudio Ambiental Estratégico debe incorporar como un recurso natural el paisaje. 
Una vez identificados los terrenos que se han elegido para su transformación urbanística, por ser los más adecuados entre las alternativas valoradas, la ordenación de los ámbitos, tanto la estructural como la pormenorizada, también debe considerar la variable paisajística y, por tanto, el contenido de los estudios de paisaje. Así, por ejemplo, la ubicación del parque público, el trazado de las calles adaptándose a la orografía, (nada obliga a que las calles sean siempre rectas y se crucen en ángulo de 90º), trazar las calles permitiendo mantener la visión de hitos paisajísticos del territorio, minimizar un efecto pantalla o, al revés, generar una zona de amortiguación de elementos en el territorio de escaso valor paisajístico, como podrían ser determinadas infraestructuras, la conservación de las zonas arboladas o con vegetación, etc. son algunos de los criterios paisajísticos que deberían condicionar la ordenación estructural y pormenorizada del suelo y propiciar una mayor calidad del futuro entorno urbano. Volviendo a nuestra huerta, en el caso que se permitiera urbanizar ámbitos de huerta lindantes a la ciudad, sin ser un experto en paisaje, a mi juicio, alguno de los elementos que debería tener en cuenta la ordenación estructural y pormenorizada deberían ser la parcelación histórica, la red de caminos y acequias, la existencia de construcciones que formen parte del patrimonio arquitectónico tradicional de huerta y un tratamiento de borde acorde con el paso de lo urbano a lo rural.
El planeamiento urbanístico, a cualquier escala debe integrar la variable paisajística y la ordenación propuesta ha de estar condicionada por la misma. Creo que la pérdida de un paisaje, como puede ser la huerta para Valencia, sería algo más que la pérdida de un espacio libre o de producción agraria o de un ámbito rural de expansión de los vecinos, sería la pérdida de un referente, de una seña de identidad de los valencianos, de una parte importante de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro ser valenciano. Esta misma reflexión se podría realizar de tantos enclaves municipales con los que, de una u otra forma, los lugareños se sienten identificados -bosques, ermitas, colinas, ríos, calas, cabos, etc-. Y no olvidemos que el paisaje no sólo se limita a las zonas con valores especiales, sino a todo el territorio.  
El paisaje es y debe ser un elemento determinante de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial. Hay unidades de paisaje con valores especiales que precisarán de su protección por el plan, y otras que, aunque no tengan esa significación relevante, también forman parte del paisaje y este factor debe ser considerado en la ordenación urbanística y territorial. Asimismo, en el suelo urbano y urbanizable, tanto en la parte estructural como  en la pormenorizada, incluso en la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación, la integración del factor paisajístico puede elevar la calidad de vida del ámbito de que se trate. Para establecer el alcance de la integración del paisaje existen instrumentos específicos como son los estudios de paisaje. Ordenar el suelo integrando la componente paisajística no solo logra entornos rurales y urbanos de mayor calidad sino que permite conservar las señas de identidad del territorio que no dejan de ser una parte de cada uno de nosotros.